Ve posible que Arévalo no jure el cargo en enero y alerta de que Giammattei podría dejar el poder en manos del Congreso

La abogada guatemalteca Wendy López, que se encuentra actualmente al frente de la defensa de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, encarcelada por un presunto delito de abuso de autoridad, ha afirmado contundentemente que Guatemala es «un Estado fallido» y «autoritario» que se enfrenta a un «golpe de Estado» tras las elecciones generales del pasado mes de junio.

«Es un Estado fallido y es un Estado autoritario. ¿Cómo lo llamo si no? ¿En quién voy a confiar? ¿En quién confiamos cuando la Fiscalía nos persigue por ser abogados y si carecemos de garantías?», ha lamentado López durante una entrevista con en la sede de Amnistía Internacional en Madrid.

Así, ha denunciado que todos los abogados «están siendo perseguidos» por realizar su trabajo ante la falta de medidas adoptadas por el Colegio de Abogados de Guatemala, que «con su silencio ha respaldado a un Estado injusto, ilegal y corrupto».

«El Gobierno nos está persiguiendo, no está reprimiendo. Ser abogado defensor, ser defensor de Derechos Humanos no es delito, no somos criminales», ha añadido en relación con su situación y la de muchos de sus compañeros de profesión, que se han tenido que enfrentarse procesos judiciales por tratar de hacer frente a la corrupción.

López ha alertado de que el país centroamericano se enfrenta a un «golpe de Estado» a raíz de la victoria del líder del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, en los comicios. «Están cometiendo delitos», ha dicho en referencia a las acciones del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y la fiscal general, Consuelo Porras, que buscan la suspensión de la personalidad jurídica del partido.

«En todo caso, las funciones políticas dentro de las elecciones generales se corresponden al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero el Ministerio Público lo ha tenido como un trapeador. Y han hecho con el tribunal lo que se les da la gana. Y nadie dice nada. Han empezado a desconocer al presidente», ha explicado antes de agradecer a Arévalo su «valentía».

EL TRASPASO DE PODER

No obstante, ha admitido que la situación actual es «preocupante» dado que el periodo electoral, a efectos legales, no finaliza hasta el 31 de octubre. «¿Qué va a pasar entonces? Necesitamos que los ojos del mundo estén sobre nosotros porque el propio (presidente saliente) Alejandro Giammattei ha dicho que entregará el poder a quien sea», ha dicho.

De acuerdo a las leyes de Guatemala, si no se pudiera realizar el traspaso de poder entre el presidente saliente y el electo, este pasaría al Congreso, que llegado el momento tendría que elegir a un candidato. «Esto sería grave y ya no se podría hacer nada porque se estaría revistiendo de legal la acción ilegal y autoritaria (de Giammattei)», ha puntualizado.

En este sentido, ha advertido de que ya hay conversaciones al respecto en el seno del Congreso, donde se han dado «negociaciones» con el objetivo de que sea el partido oficialista el que se quede con la Junta Directiva, que «siempre trabaja con sobornos y corrupción», ha relatado.

Además, ha pedido «ser escuchada, porque después puede ser demasiado tarde» y ha vuelto a recalcar la importancia del 31 de octubre como fecha clave para la situación judicial del Movimiento Semilla: hasta entonces la legislación protege a la formación por considerar que un partido no puede ser despojado de su personalidad jurídica mientas dure el periodo electoral.

«Todavía no sabemos qué va a pasar con el Movimiento Semilla. En todo caso, debería respetarse la voluntad del pueblo», ha continuado López, que ha tildado de «barbaridad» las acusaciones vertidas contra el partido, al que la Fiscalía acusa de haber falsificado firmas para lograr constituirse de cara a las elecciones.

La letrada guatemalteca ha expresado a su vez que espera que el nuevo gobierno «garantice mejores condiciones». «Estamos dispuestos a enfrentarnos a la Justicia, pero a un sistema justo. Estamos actuando con todas las armas legales a nuestro alcance. (…) Queremos un juego libre y que entremos todos con las mismas condiciones y las mismas oportunidades, y no que parte del Estado financie a los opresores y los premie», ha continuado.

EL CASO DE VIRGINIA LAPARRA

La exfiscal anticorrupción Virginia Laparra se encuentra encarcelada desde el mes de febrero, cuando fue arrestada acusada de un delito de abuso de autoridad y posteriormente condenada a una pena conmutable de cuatro años de prisión después de iniciar una investigación contra el juez Lesther Castellanos por presunta corrupción.

Aunque Laparra se encontraba ya en prisión, ha sido imputada nuevamente por un segundo caso de revelación de documentos, por lo que podría ser condenada a otra pena de entre seis y nueve años de cárcel en caso de ser hallada culpable.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha declarado que su arresto se produjo de manera arbitraria según el Derecho Internacional, por lo que ha exigido su puesta en libertad inmediata, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional han pasado a considerarla una «presa de conciencia», una descripción que, según López, debería «preocupar al Gobierno» guatemalteco.

«Esta designación se da en estados autoritarios», ha aseverado su abogada, que ha denunciado que se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en la que solo le permiten recibir seis visitas al año. «El Gobierno no se hace responsable de su alimentación ni de su salud», ha advertido antes de vincular el actual problema de corrupción con el caso ‘Comisiones Paralelas 2020’.

López ha relatado que la exfiscal de la FECI investigaba varios casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, especialmente en Quetzaltenango, donde estaba destinada. «Cuando ella lleva cabo esta labor contra de la corrupción, el caso llega a oídos del juez Castellanos, que la denuncia por fuga de información en estos procesos», ha matizado.

Posteriormente, el juez es sancionado por la Junta de Disciplina Judicial, lo que lo lleva, tal y como ha continuado López, a tomar medidas «para vengarse» de Laparra, que trata de llevar su caso ante jueces imparciales. Sin embargo, el caso acaba en manos del juez Sergio Mena, también acusado de corrupción.

«A día de hoy lleva 19 meses de prisión preventiva, se le ha juzgado, tiene una sentencia conmutable, por lo que puede pagar por esos años, (…) y la sentencia aún no está firme», ha aclarado la abogada, que ha indicado que se ha presentado un último recurso de casación ante el Supremo, que tiene por ahora bloqueado el proceso.

«Nuestros escritos en la Corte Suprema han sido borrados porque se han mojado, según nos dicen ellos. ¿A qué Justicia nos estamos sometiendo que ni siquiera tienen cuidado con nuestros escritos, que representan el derecho de defensa de Laparra?», ha declarado.

Sobre la segunda causa en su contra, ha puntualizado que «la acusación está formada exactamente por las mismas personas» y ha alertado de que están involucrados en este proceso porque «Laparra ha acudido a mecanismos internacionales y temen que lleguen a sancionar al Estado de Guatemala», lo que implica que «saben que estos procesos son en realidad ilegales».

López también teme por su propia situación después de que compañeras como Claudia González, exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que se encargaba a su vez de la defensa de Laparra, hayan sido también detenidas por presunto abuso de autoridad. «¿Qué garantías tenemos los ciudadanos? (…) Ninguna», ha apostillado antes de incidir en que Guatemala es un país donde la independencia y división de poderes, «hoy brillan por su ausencia». «El autoritarismo tiene una forma globalizada, se trata de un solo que dirige todo», ha zanjado.