El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha abordado este jueves en una llamada telefónica con su homóloga sudafricana, Naledi Pandor, la situación en la Franja de Gaza, apenas horas antes de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica en su denuncia contra Israel por supuesto genocidio.

Ambos han conversado sobre «la necesidad de proteger vidas civiles, garantizar una asistencia humanitaria sostenida a los civiles palestinos y trabajar por una paz regional duradera que garantice la seguridad de Israel y avance en el establecimiento de un Estado palestino independiente», reza un comunicado del portavoz del secretario de Estado, Matthew Miller.

«(Blinken) ha reafirmado su apoyo al derecho de Israel a garantizar que los ataques terroristas del 7 de octubre nunca se repitan», ha agregado Miller, en referencia al ataque sin precedentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que dejó 1.200 muertos y 240 rehenes. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra el enclave palestino que ha matado a 25.900 palestinos, a los que se suman 360 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.

En este contexto, Sudáfrica instó a la CIJ a adoptar medidas para proteger a la población palestina y garantizar que Israel cumple con la convención sobre el Genocidio. Las vistas se celebraron el 11 y el 12 de enero y, en ellas, cada una de las partes expuso sus respectivos argumentos. Este viernes la corte, con sede en La Haya, se pronunciará al respecto, evento al que acudirá la jefa de la diplomacia sudafricana en un gesto de Pretoria que cree que su solicitud será satisfecha al menos parcialmente.

Este tribunal, el más alto de la ONU, tiene poderes para emitir el equivalente a una orden judicial provisional, si bien el fallo sobre el fondo de la demanda tendrá lugar dentro de años. Los dictámenes de la CIJ son de obligado cumplimiento, aunque lo cierto es que el tribunal carece de instrumentos para que los países aludidos las acaten.