Page aboga por «ganar la batalla política» respecto al modelo de financiación antes de recurrirlo al Constitucional

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado partidario de «primero ganar la batalla política» respecto al nuevo modelo de financiación autonómica antes de recurrirlo al Tribunal Constitucional como han hecho otras autonomías.

Tanto en el transcurso de su visita a las obras de construcción del nuevo campus de la Universidad de Alcalá como en una atención posterior a los medios, ha vuelto a insistir en su oposición al modelo de financiación autonómica, mostrándose convencido de que no va a salir adelante. «No debe salir», ha incidido.

A preguntas de los medios tras este acto, sobre si su Gobierno lo recurrirá al Tribunal Constitucional, ha apelado primeramente a «ganar la batalla políticamente» y luego, jurídicamente «habrá que hacer lo que habrá que hacer», ha afirmado.

«Ya he visto que algunas autonomías enseguida van al recurso de constitucionalidad, como si no estuviera claro el panorama constitucional. Lo primero que hay que hacer es dar la batalla, hay que retirar el intento de ruptura de la igualdad de España», ha reiterado.

También ha hecho referencia a este tema la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa en Toledo, ha considerado que «queda muy en evidencia» que García-Page «defiende los intereses de Castilla-La Mancha» y que la región tiene «muy clara» su posición.

«Defendemos la igualdad entre todos los ciudadanos de este país y por eso decimos que no solo se trata de recibir más, sino de recibir lo justo, de recibir la financiación suficiente para garantizar el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y se lo decimos al PSOE, se lo decimos al PP y a cualquier otro que quiera romper con el principio de igualdad», ha reivindicado.

Del mismo modo, en la misma rueda de prensa también ha hablado sobre el tema el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, quien, mientras hablaba sobre la Estrategia contra la Despoblación de la Comunidad Autónoma, aprovechaba para recordar que en estas zonas despobladas los servicios públicios «son muchísimo más caros que en las zonas urbanas».

«Para garantizar la educación en las zonas afectadas por despoblación necesitamos 3.136 profesores más que si estuvieran en las zonas urbanas. Solo en transporte escolar cada alumno que vive en estas zonas nos cuesta más de 1.200 euros al año para garantizar que la gente tiene igualdad de acceso a la educación en el medio rural. Si hablamos del ámbito sanitario, la atención de emergencia en Molina de Aragón es 37 veces más cara que en Guadalajara capital. Y esto lo tiene que pagar el conjunto del sistema de financiación», ha expuesto.