Publicado 24 Apr 2024 14:15 | Actualizado 24 Abr 2024 14:24

El nuevo Plan de Gestión de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) de ambientes esteparios en la Comunidad Autónoma, para el periodo 2024-2029, movilizará casi 41 millones de euros a través de pago directo por ayudas compensatorias para cultivos herbáceos en secano a los agricultores que se acojan voluntariamente, recibiendo cada titular al menos 192 euros por hectárea.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras las firma del documento, presidida este miércoles por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el presidente regional de Asaja, José María Fresneda, y el secretario regional de UPA, Julián Morcillo.

El Plan tiene el mismo periodo de aplicación de las ayudas contempladas en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) y supone permitir las plantaciones de leñosos en el 80 por ciento de la superficie aprobada en el plan anterior del 2017-2023.

Gómez ha valorado el esfuerzo de las partes para poder firmar este acuerdo que permitirá «la compatibilidad de nuestra agricultura y de nuestros espacios naturales protegidos» e ir «acomodando» las superficies aprobadas, que alcanzan las 3.088 hectáreas en estos espacios que suman más de 200.000 hectáreas en toda la región, y que permitirá leñosos en el 80% de la superficie del anterior plan.

De ese acomodo de las hectáreas aprobadas «a las necesidades y desarrollo de la agricultura» pero también «a las necesidades de la protección de nuestras aves esteparias», se hará cargo una comisión de seguimiento del plan, en la que estarán representados el Gobierno regional, las organizaciones agrarias y los grupos ecologistas, que también se encargará de hacer una evaluación «intermedia» de los trabajos a realizar con informes independientes.

La consejera se ha mostrado convencida de que «este es el camino para seguir llegando a acuerdos» con las organizaciones agrarias, que espera se produzcan a futuro también en otros ámbitos de las funciones de su departamento, como las zonas vulnerables de nitratos, la recogida de los residuos plásticos o la compatibilidad de las labores agrícolas en periodos altos de incendio.

De su lado, el presidente regional ha puesto en valor la voluntad de las partes para alcanzar este acuerdo que «sale sin ninguna oposición» y que ha contado «con el entendimiento» de las organizaciones ecologistas –a quienes ha agradecido su «disponibilidad» a incorporar sus opciones y a asumir parte de lo que reclamaban las organizaciones agrarias–, algo «realmente edificante», ha reconocido, en un país «donde casi todo se está haciendo por las malas».

Igualmente, se ha referido a la comisión de seguimiento del Plan de Gestión de ZEPAs, en el que por primera vez estarán presentes agricultores y ecologistas, para asumir que tendrá que resolver problemas concretos pero también ayudar «a fabricar un cambio en la concepción» pues «no se le puede echar la culpa del problema ambiental al mundo agrario, ni aquí ni fuera de España».

«Yo creo que si alguien tiene interés en que la tierra no vaya para atrás, es quien vive de ella, sinceramente», ha manifestado, convencido de que ello no quiere decir «que todas las prácticas sean válidas hoy, que no haya que adaptarse, que no haya que evolucionar, pero al ritmo lógico y del sentido común».

En su opinión, la sostenibilidad es «el gran desafío de la sociedad actual» pero si se quiere entender de una manera «sincera, seria, realista, si no queremos que el fanatismo se cuele en los grandes objetivos de la sociedad sino que nos conduzcamos con sentido común y con cabeza, hay que entenderla de manera integrada, en conciliación con la sostenibilidad económica, social y con facilitar la convivencia».

Finalmente, ha valorado que el acuerdo rubricado este miércoles «dará garantía de que los planes de gestión hasta el 2029 sean positivos», consciente de que los últimos planes no lo fueron con el consenso de las organizaciones agrarias, y seguro de que «donde pueda haber un buen acuerdo siempre salimos ganando todos» como es el caso.

Desde UPA Castilla-La Mancha, su secretario general ha definido este como un día importante para las organizaciones agrarias, el Gobierno regional y los agricultores y ganaderos debido a que era «necesario, obligatorio» firmar este nuevo Plan de Gestión, a fin de que las ayudas a los agricultores «no corrieran riesgo y pudieran pedirlas con toda tranquilidad en esta PAC».

Morcillo ha explicado que la posición de UPA en la negociación de este Plan de Gestión ha sido la misma que en el plan anterior y es que «a los agricultores y ganaderos no se les pidieran cosas adicionales a las que ya nos obligaban en la PAC» y que «cualquier exigencia adicional» estuviese garantizada con presupuestos y dinero y que fuera de forma voluntaria.

También ha valorado los 41 millones que se pondrán a disposición de los agricultores que se quieran acoger a las ayudas de 190 euros como mínimo –a las que tendrán acceso el 30 por ciento de la superficie de tierras arables–, pero también el cupo de incremento de superficie de leñosos para el próximo periodo pues «hay margen para que los agricultores puedan seguir disponiendo de sus tierras haciendo la mayor orientación para hacerlas viables».

En el mismo sentido, José María Fresneda ha ensalzado un acuerdo que viene a solventar la «crueldad» que suponía, a su juicio, que desde la función pública se decidiera «cuánta pérdida de renta iba a tener yo como agricultor sin compensación» debido a una normativa comunitaria, pero también el ver cómo los legisladores de la región «hacían uso de la falta de información de los agricultores para hacer de esto una confrontación política cuando nos estábamos jugando lo que no se ha escrito».

«Lo más importante aparte de los números es que vamos a participar de lleno en la comisión de seguimiento», ha destacado, precisando que los agricultores afectados «no son tantos» y por eso «vamos a poder resolver los problemas de todos y cada uno en esa comisión de seguimiento».

En último término, Fresneda ha agradecido la interlocución con el Gobierno regional en una Comunidad Autónoma «donde el sector agrario tiene muchas limitaciones» y donde en Europa la tendencia está cambiando y las políticas conservacionistas «atentan contra la capacidad productiva de un agricultor», por lo que ha valorado la oportunidad de haber podido meter su bolígrafo en la legislación, ha precisado.

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