El alcalde de Puertollano, favorable a investigar la posible filtración de respuestas de oposiciones

PUERTOLLANO, 18 Abr. –

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, se ha mostrado abierto a la creación de una comisión extraordinaria para esclarecer la posible filtración de las respuestas del examen, en fase de oposición, correspondientes a las pruebas de la convocatoria de ocho plazas de ayudante en el consistorio celebradas el pasado 6 de marzo, tal y como ha pedido el grupo municipal socialista, si bien ha delegado toda responsabilidad en los miembros de tribunal.

A preguntas de los periodistas durante una comparecencia conjunta con la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, el primer edil ha enfatizado este jueves que no tiene «ningún problema» en abrir una comisión de investigación o informativa para esclarecer los hechos, aunque ha puntualizado que el equipo de Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en el proceso, y que esta recaería, en todo caso, en los componentes del tribunal que dirimen el procedimiento.

En este sentido, Miguel Ángel Ruiz ha dicho que tanto el PSOE, «tras 44 años de gobierno», como el grupo municipal de Izquierda Unida, que también ha pedido explicaciones, «deberían saber que el equipo de Gobierno, más allá de los nombramientos de los miembros de ese tribunal, no tiene ninguna participación en el procedimiento del concurso oposición, y que la responsabilidad recaería directamente en ese órgano».

En todo caso, ha asegurado que no tiene pruebas de que pudiera existir una filtración, ya que de lo contrario «hubiera sido el primero en acudir al juzgado».

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Puertollano ha solicitado una comisión extraordinaria para esclarecer las «posibles irregularidades» que se hayan cometido en el proceso de selección de ocho plazas de ayudante para el consistorio, denunciadas por un grupo de opositores que sospechan de la posible filtración de los resultados de los exámenes a un grupo de personas.

También ha pedido información Izquierda Unida, tras escuchar las incidencias puestas de manifiesto por los afectados.

De otro lado, Ruiz ha mostrado su temor a que el proyecto de construcción de la variante norte de Puertollano pueda quedar «guardado en un cajón» y ha pedido al PSOE de Castilla-La Mancha que exija el Gobierno de España las inversiones que merece la ciudad y que sigue esperando «infructuosamente» tras más de 24 años, como es el caso del trazado sur de la autovía A-43.

El alcalde ha criticado que, tras las preguntas efectuadas en el Senado por el Partido Popular, el Gobierno de España haya respondido que sigue estudiando el proyecto de la variante norte, «dada su gran complejidad», y que en todo caso vendrá condicionado por la disponibilidad presupuestaria.

En este sentido ha denunciado que, cuatro años después, tanto este proyecto como el de la Autovía A-43 del que forma parte sigan pendientes de ejecución, pese a que la exministra Portavoz y exalcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, asegurara el año pasado que las obras podrían estar licitadas antes del 31 de mayo de 2023.

En este contexto, el alcalde ha advertido de que el futuro de esta obra es aún más incierto tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

En los mismos términos se ha expresado la secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, quien ha recordado que los ciudadanos de Puertollano deberán pagar un millón de euros al año para satisfacer el nuevo canon del agua que entrará en vigor en 2025.

Agudo ha aseverado que este «sablazo» del Gobierno regional afecta por igual a vecinos, negocios, empresas y a los propios ayuntamientos, que se verán «achicharrados» con un canon «injusto, de carácter no obligatorio», y que, a su juicio, no repercutirá luego en las inversiones necesarias para el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas.

También ha apuntado que tanto la variante norte de Puertollano como el proyecto de autovía Toledo-Ciudad Real siguen aparcados durante años, mientras el Gobierno de España cede al «chantaje» de los independentistas.