Publicado 17 Apr 2024 18:43 | Actualizado 17 Abr 2024 18:59

TOLDO, 17 Abr. –

Alrededor de 200 representantes sindicales de las cerca de 12.000 personas que trabajan en Castilla-La Mancha en la Atención a la Discapacidad se han concentrado este miércoles en Toledo convocados por CCOO para exigir a la patronal estatal del sector que desbloquee la negociación su Convenio Colectivo que, tras casi tres años de iniciadas las negociaciones, se encuentra en punto muerto.

Concentraciones similares han protagonizado delegados sindicales de CCOO en toda España, donde son cerca de 200.000 las personas afectadas por la parálisis de la negociación del XVI Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, ha informado CCOO en nota de prensa.

En la región, la movilización de los trabajadores del sector –casi todas son mujeres– ha estado precedida por las llevadas a cabo en las cinco capitales de provincia el pasado 12 de marzo, y por decenas de concentraciones a las puertas de los centros de trabajo en las semanas previas.

«Salimos hoy a la calle, una vez más, en defensa de nuestros derechos, para exigir condiciones dignas que estén a la altura de la profesionalidad con la que prestamos nuestros servicios», ha destacado la trabajadora del sector y responsable sectorial de CCOO-Enseñanza Albacete, Nieves Díaz.

«Las entidades para las que trabajamos hablan de compromiso con un marco de relaciones laborales justo que permita a los y las profesionales del sector trabajar en un entorno de reconocimiento y calidad adecuados, que redunde en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pero tales intenciones no se corresponden con la realidad; nuestras condiciones laborales actuales no se ajustan ni al compromiso, ni a la justicia, ni a la calidad, ni al reconocimiento del esfuerzo que realizamos».

Por su parte, el responsable regional del Sector Socioeducativo de CCOO-Enseñanza en la región, Antonio Romero, ha denunciado «la inacción y la desidia de las organizaciones patronales durante la negociación del convenio. En la última reunión de la Mesa Negociadora, el pasado 19 de marzo, tras 42 días esperando, nos hicieron llegar su propuesta dos horas antes de sentarnos».

«Ante la falta de respeto, la reincidencia y su manifiesta falta de voluntad por acordar, CCOO decidió dar por concluida la reunión al poco de empezar. La respuesta de la patronal ha sido la de trasladar la negociación al Sistema Interconfederal de Mediación y Arbitraje», ha indicado.

«CCOO apuesta por la vía negociadora, siempre hemos a estado abiertos al diálogo y de hecho es lo que reclamamos. El único avance conseguido en tres años de negociación ha sido la actualización de las tablas salariales, y solo ha sido posible tras la sentencia de la Audiencia Nacional ganada por CCOO que obligó a las patronales a aplicar la cláusula revisión salarial que recoge el convenio colectivo vigente, en ultraactividad».

Aun así, ha manifestado que el 80% de las personas que trabajan en este sector siguen teniendo un salario base inferior al SMI, desde los 1.027 euros mensuales que ganan los trabajadores de atención directa a las personas con discapacidad a los 965 euros de los empleados de los centros especiales de empleo.

«Nosotros vamos a seguir movilizando y vamos a seguir trabajando, a nivel estatal por el convenio y también aquí, en Castilla-La Mancha. Si las patronales estatales siguen bloqueando todas las reivindicaciones de la parte social, retomaremos la mesa regional para desarrollar el complemento autonómico que ya acordamos en 2012 en Castilla-La Mancha, para llegar a acuerdos autonómicos que mejoren las condiciones del servicio y que mejoren las condiciones laborales y los salario».

De hecho, Romero ha planteado este mismo miércoles esta propuesta al responsable regional de ‘Plena Inclusión’, el movimiento asociativo que agrupa a la mayoría de las entidades de ayuda a la discapacidad de la región, ante cuya sede se celebró la concentración.

Por su parte, la secretaria general de CCOO-Enseñanza, Ana Delgado, ha señalado que «las y los profesionales de la Ayuda a la Discapacidad, y las entidades en las que trabajan, prestan un servicio social impagable; un servicio cuya responsabilidad corresponde a la Administración autonómica; que debe velar para que todas las personas y todas las familias que lo necesitan, lo tengan cerca y reciban una atención de calidad; y para que quienes realizan esa tarea lo hagan en condiciones laborales dignas y con salarios justos. Y tiene, por tanto, que disponer las partidas presupuestarias precisas para ello».

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