Publicado 7 May 2024 13:43 | Actualizado 7 May 2024 13:56
El guardia civil C.P.B., acusado de entrar en la vivienda del subdelegado del Gobierno de Cuenca en 2020, J.R.C., ha reconocido los hurtos que se le imputan en el juicio con jurado que ha comenzado en la Audiencia Provincial, pero ha alegado que esas entradas las hizo «con la desesperación absoluta» de conseguir dinero para parar el embargo de su nómina y de la parte de la vivienda que había heredado de su padre.
En el juicio que ha comenzado este martes, la defensa se ha manifestado parcialmente conforme con los hechos descritos por la Fiscalía y ha admitido la existencia de un delito leve continuado de hurto.
Sin embargo, ha rechazado la acusación del delito de allanamiento, por el que le piden la inhabilitación para ejercer su oficio, alegando que no había un dolo específico de allanar, ya que el agente no pretendía atentar la intimidad o privacidad del subdelegado y su pareja, sino apoderarse de bienes ajenos.
Ante esta situación piden una pena de dos meses de multa a razón de seis euros por día. Además, el abogado ha defendido que no se puede inhabilitar de por vida a su cliente.
La defensa ha subrayado que el acusado pasaba por apuros económicos y que los hechos se cometen en la época de la pandemia del Covid-19, que afectó al negocio de su pareja y les llevó a una situación en la que «el banco se come la sociedad de su mujer» y a él le embargan la nómina y los bienes con los que había avalado el negocio.
«Él no entra en la vivienda con intención de perturbar a los que están dentro», ha insistido el abogado, para rechazar el delito de allanamiento que supondría su inhabilitación.
El acusado se apropió de 50 euros «y cometió la estupidez de su vida», ha reconocido la defensa, que ha recordado durante la sesión que inicialmente se pidió para su cliente el delito de hurto y no el allanamiento, que se incluyó después de un recurso de la mujer del subdelegado.
El acusado ha declarado que en ningún momento intentó llevarse de la casa cualquier otra cosa que no fuera dinero, aunque fueran esas cantidades pequeñas que terminó llevándose, y ha reconocido que «siempre piensas que va a haber más en la casa de un subdelegado».
El agente ha recordado que reconoció los hechos el mismo momento de la detención y los 50 euros que se llevó ya están devueltos.
En su declaración ha confesado que le «daba vergüenza» reconocer que se encontraba «en un estado de necesidad» y ha asegurado que anteriormente nunca había cometido un delito de este tipo.
En esta primera jornada del juicio ha intervenido también la pareja del subdelegado del Gobierno, que ha confirmado que empezó un tratamiento contra la ansiedad cuando se percató en octubre de 2021 de que alguien estaba accediendo al domicilio.
Por su parte, el que fuera subdelegado del Gobierno, ha explicado cómo tomaron la decisión de instalar cámaras en la vivienda después de que comenzaran a sospechar que estaba desapareciendo dinero de las pertenencias de su pareja y tras consultar con el teniente coronel de la Guardia Civil.
En el juicio también han declarado un funcionario de la Subdelegación del Gobierno para explicar por qué había un juego de llaves de esa casa en el puesto de guardia, guardias civiles que intervinieron en la investigación cuando el subdelegado advirtió de los posibles hurtos y agentes que compartieron servicio con el acusado en ese puesto de vigilancia.
Para terminar, en la sesión de este juicio se han reproducido las imágenes de las cámaras de vigilancia de la vivienda y el acusado ha pedido disculpas públicas a los afectados, al jurado y a la Guardia Civil.
El Ministerio Final ha mantenido en sus conclusiones la petición del delito de allanamiento de morada, por el que el acusado podría ser condenado a un año de prisión y una inhabilitación absoluta de doce años; mientras que la defensa ha insistido en que el deseo de llevarse dinero anula el allanamiento y se ha mostrado dispuesto a defender esa tesis hasta en el Tribunal Supremo.
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