CCOO CLM rechaza la ley de Simplificación Administrativa «por su espíritu privatizador de servicios públicos»

TOLEDO 10 Jul. –

El Área Pública de CCOO CLM ha manifestad su «total rechazo» a la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa que ha sido aprobada este jueves por las Cortes regionales, «por el espíritu de privatización de los servicios públicos que rige la misma».

Si bien el sindicato reconoce ciertos avances con respecto al anteproyecto de ley, en gran parte gracias a que se han tenido en cuenta algunas de las numerosas alegaciones y aportaciones que ha hecho CCOO, también denuncia la «estrategia privatizadora impoluta» que se esconde detrás de la ley, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

CCOO está a favor de la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos, siendo necesario para ello la revisión y actualización de los mismos, con la dotación de los medios adecuados y de un personal formado por recursos humanos públicos imprescindibles. Pero «esta Ley que llaman de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa consideramos que es de privatización», afirma Carme Juste, coordinadora del Área Pública de CCOO CLM.

En este sentido, explica que la pretendida facilidad de tramitación de procedimientos se basa en la apuesta de la Administración regional por las meras declaraciones juradas y comunicación a los administrados, en la externalización facultativa de la tramitación de los servicios –por los que la ciudadanía tendrá que pagar doblemente– y por el silencio administrativo positivo.

Esta ley adjudica a la Administración una constante función de «policía», fundamentada en el papel de control y vigilancia a las entidades colaboradoras, a la certeza de las declaraciones juradas y comunicaciones y a las actuaciones ejecutadas mediante silencio administrativo positivo. Esta ley, según el sindicato, conduce hacia una Administración «persecutora y sancionadora» y a que «puedan producirse actuaciones irreversibles».

«Estas entidades colaboradoras son entidades privadas mercantiles que cobrarán directamente al administrado unas contraprestaciones económicas por sus servicios. Servicios que las y los empleados públicos realizan gratis. Estas entidades se revelan como intermediarias superfluas que complejizan y encarecen los procedimientos, vacían de funciones a las y los empleados públicos y ponen en riesgo la imparcialidad que debe regir los actos administrativos», advierte el Área Pública de CCOO CLM.

Según el sindicato, la Administración tendrá que vigilar, controlar y certificar a las propias entidades colaboradoras y el trabajo que realicen. Además de tener la obligación de ofrecer los mismos servicios y trámites a los ciudadanos y ciudadanas que no quieran o no puedan utilizar los servicios por los que estas entidades privadas mercantiles cobran.

Por tanto, CCOO rechaza la creación de estas entidades privadas y de las figuras sustitutorias de los procedimientos de tramitación y gestión administrativa que pongan en riesgo los servicios públicos en los sectores a los que se les atribuyen competencias.

Con motivo de la tramitación de esta ley se reactivaron los Viernes Negros por la defensa de los servicios públicos y una administración de calidad con los recursos humanos necesarios. Así, para este viernes CCOO anima al personal de la administración a mostrar su rechazo a la ley acudiendo a sus puestos de trabajo vestidos de negro.