Page traslada a Sánchez su oposición al cupo catalán y propone negociar a partir de una propuesta acordada por las CC.AA

También plantea una ley de armonización fiscal para evitar el dumping entre comunidades

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desistir del documento firmado entre PSC y ERC para ceder la gestión de los impuestos a Cataluña, sugiriendo como alternativa un documento que salga de un debate «multilateral entre todas las comunidades autónomas» con el que pretende «intentar cuadrar el círculo».

Tras la reunión mantenida en el Palacio de La Moncloa, ha dicho en rueda de prensa que el modelo de financiación a aplicar sea «multilateral, entre todos, sin regímenes especiales más allá de los que marca la Constitución».

Un punto en el que ha dicho, incluso, que País Vasco y Navarra «deberían sentirse amenazadas por las pretensiones de los catalanes», porque «una excepción puede ser entendible o no, pero no sería entendible tirar de la cuerda para que se rompa».

Ha planteado además avanzar a nivel nacional en una ley de armonización fiscal para «evitar el ‘dumping’ entre comunidades autónomas, ya que defiende que «la capacidad fiscal no lo es para 17 regímenes distintos». «Hay que establecer un planteamiento de evitar competencia fiscal», ha abundado.

Son 194 asuntos que «afectan a las relaciones de gestión entre la región y el Gobierno de España» y muchos de ellos tendrán que ‘ultimarse’ con distintos ministerios», ha apuntado García-Page.

Con todo, el tema «esencial» ha sido el de la financiación autonómica, tal y como ha desvelado.

El planteamiento que ha elevado ha sido «el mismo» que venía desgranando de un tiempo a esta parte y el que elevó en el Comité Federal. «Llevo a gala decir lo mismo en privado que en público».

Así, se ha hablado «ampliamente» de la financiación autonómica, una conversación donde los argumentos expuestos al presidente del Gobierno han sido pronunciados «desde la cordialidad».

En primer lugar, ha dicho que se parte de la base de que las convicciones de quienes creen en la socialdemocracia desde un modelo progresista, y quiere «que no se pueda replantear un concepto básico» amparado en la Constitución, y es que la riqueza de España «es de todos». Una premisa que «no es una frase hecha ni un protocolo» sino un «concepto con mucha miga».

Así, su región «se opondrá a que la riqueza, en vez de distribuirla entre todos, empiece a computar por territorios».

«Hablando de manera clara, la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanomanchegos, y la de Cataluña no es de los catalanes. Es de todos», ha ahondado, apuntando que «si alguien está buscando que se pase a distribuir la riqueza como 17 riquezas en algún punto de supuesta solidaridad», eso no es «un modelo de sistema federal», sino «algo que contraviene los principios más elementales de la equidad».

Para García-Page, «nunca la igualdad de España» ha estado tan ligada a la «unidad». «El concepto básico es que la economía no se puede trocear en 17 mercados o en 17 políticas fiscales. Los territorios no pagamos impuestos, los paga la gente, los ciudadanos y las empresas, conforme a un principio enraizado a la izquierda, que pagan más los que más tienen, y menos los que menos».

Reclama en este punto una «justa redistribución de la riqueza», y si «se defiende que en la renta pague más quien más tiene», ese pretexto también ha de defenderse cuando se habla «de territorios».

Dentro de la conversación de la «redistribución» y la «solidaridad» de todos los españoles, ha citado el artículo 156 de la Constitución para apuntalar su punto de vista.

Con la idea de que el 90% del gasto autonómico va a parar a sanidad, educación y servicios sociales, ha zanjado que «no hay privilegio posible» en uno u otro territorio.

«Ningún territorio puede querer quedarse con todo lo que tiene de riqueza, porque lo que tienen es consecuencia de la actividad de generaciones enteras», ha reivindicado García-Page.