El Gobierno ve en el Sahel una «amenaza real» como emisor de terrorismo y también de inmigración

El Informe de Seguridad Nacional alerta de que la región puede atraer combatientes pero también enviarlos por vía migratoria

La situación en el Sahel constituye una de las principales preocupaciones en materia de seguridad para el Gobierno, que considera que esta región africana en la que se suceden los golpes de Estado y los yihadistas campan a sus anchas supone una «amenaza real» como fuente emisora de terroristas y también de inmigración irregular.

Así se desprende del Informe de Seguridad Nacional 2023 elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de la Presidencia del Gobierno, que destaca que «el Sahel es una zona prioritaria para España por el efecto que pueda tener sobre los países del Magreb y la posible extensión de los conflictos a territorios limítrofes, como el golfo de Guinea», donde ya ha habido ataques en países como Benín o Togo.

El DSN incide en el documento, consultado por , en «la necesidad de estabilizar dicha zona para evitar que grupos yihadistas puedan disponer de bases desde las que planificar acciones terroristas contra objetivos españoles y europeos».

Los países del Sahel, en particular Malí, Burkina Faso y Níger, son escenario desde hace años de una intensa actividad por parte de grupos yihadistas. Las filiales de Estado Islámico y de Al Qaeda en esta región de África figuran entre las más activas y mortíferas a nivel mundial.

De hecho, según el último Índice Global de Terrorismo, el Sahel es actualmente la región más golpeada, ya que suma casi la mitad del total de víctimas mortales (47% con casi 4.000) y el 26% de los ataques terroristas a nivel mundial. Entre el ‘top 10’ de países más castigados figuran cuatro de esta región –Burkina Faso (1), Malí (3), Nigeria (8) y Níger (10)–.

Por otra parte, los golpes de Estado en la región que comenzaron en Malí en 2020 y continuaron por Burkina Faso en 2022 y Níger el pasado mes de junio «han conllevado la salida del numeroso contingente francés en la región, el comienzo de la retirada de las misiones de estabilización de Naciones Unidas y el inicio de readaptación de las misiones de la UE», recuerda el DSN.

En este sentido, el documento advierte de que «la inestabilidad y el debilitamiento del frente contraterrorista puede favorecer la expansión y aumento de las capacidades de los grupos que operan en la zona».

Además, incide en que las juntas militares que gobiernan los tres países «están adoptando otras opciones para combatir al terrorismo, con otros enfoques, vinculados al uso desmedido de la fuerza y contando, en algunos casos, con la ayuda de mercenarios rusos», en referencia a la presencia, principalmente en el caso de Malí, del Grupo Wagner.

Así las cosas, el DSN lamenta que «Occidente continúa disminuyendo su influencia, frente a una Rusia que se ha asentado como socio prioritario de Malí y que intensifica su esfuerzo por hacer lo propio con Burkina Faso y Níger».

Los tres países han forzado la salida de las tropas francesas desplegadas en su territorio y, en el caso de Níger, anunció hace unos días que también suspendía su acuerdo en materia de defensa con Estados Unidos, lo que podría conllevar el cierre de su base de drones en Agadez, clave para la lucha antiterrorista en la región.

En este contexto, añade el informe, «los grupos armados no estatales continúan llevando a cabo ataques a gran escala contra objetivos civiles y militares, se expanden por los países ribereños del golfo de Guinea, y participan en enfrentamientos por el acceso a los recursos, el control territorial y la influencia».

Por todo ello, el DSN advierte de que «la situación en el Sahel y su proximidad geográfica con España constituye una amenaza real, tanto por la posible salida de combatientes a dicho territorio», ante los llamamientos de los grupos terroristas a emigrar a esta región para hacer allí la yihad, «como por la posible llegada de terroristas que pueden servirse de estructuras y rutas de tránsito utilizadas por el crimen organizado».

Respecto a esta cuestión el informe señala que «en España no se han detectado salidas de voluntarios yihadistas hacia escenarios de conflicto en 2023, por lo que el principal riesgo sigue siendo el posible retorno» de los llamados combatientes terroristas extranjeros (CTE), «especialmente si se producen de forma clandestina e indirecta, usando rutas y métodos propios de las redes de inmigración ilegal».

No obstante, al margen de los CTE españoles, el DSN admite que «la posible llegada a España de retornados originarios de otros países, ya sean europeos o del Magreb, puede resultar especialmente preocupante». Según los datos que recoge el informe, España tendría 272 CTE, de los cuales 102 están desplazados en zona de conflicto, 65 son retornados y 104 habrían fallecido.

Frente a esta amenaza en el Sahel, «España considera que los esfuerzos en la lucha antiterrorista deben centrarse en misiones de adiestramiento enfocadas a capacitar a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad locales para la contención del terrorismo».

Una de estas misiones es precisamente EUTM Malí, encargada de entrenar a las fuerzas malienses y que permanece bloqueada desde hace más de un año. El contingente español es el grueso de la misma y la UE deberá decidir antes de mayo sobre su continuidad.

Asimismo, el Gobierno defiende «un enfoque integral a la hora de abordar los problemas regionales, teniendo en cuenta no sólo los aspectos de seguridad, sino también de desarrollo, gobernanza y respeto de los Derechos Humanos».

Otra de las consecuencias de la inestabilidad en el Sahel es el aumento de la inmigración ilegal, según destaca el documento. La inseguridad «está exacerbando una situación humanitaria ya de por sí extremadamente grave, donde las poblaciones siguen siendo objeto de ataques indiscriminados y persecución por su identidad étnica o religiosa». Como consecuencia de ello se está produciendo «un notable incremento de los flujos migratorios irregulares».

El informe destaca el aumento de las llegadas de inmigrantes de forma ilegal a España en el último año, un 95% más que en 2022 (56.039 inmigrantes), mientras que las llegadas por vía marítima aumentaron un 91%, con las islas Canarias como principal destino. El archipiélago experimentó un 154% más de llegadas durante 2023.

«El incrementó de llegadas desde el Sahel en 2023, aunque no alcanzó los niveles de 2018, sí supuso un reto para la gestión migratoria», destaca el informe. De los 40.403 inmigrantes irregulares llegados durante el último año por la llamada ruta atlántica, según la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), un 17% procedían de Senegal, un 14% de Marruecos y un 6% de Malí, mientras que el 44% carecían de identificación.

El DSN llama la atención sobre el hecho de que tras el golpe de Estado en Níger, que ha paralizado la colaboración en materia de seguridad de la UE con este país, es probable que «el control de los flujos migratorios decaiga en importancia dentro de la agenda política del nuevo Gobierno».

Níger ha sido tradicionalmente un país de paso para quienes quieren llegar hasta Europa desde el África Subsahariana, si bien en los últimos años el Gobierno había conseguido controlar este lucrativo negocio, que tiene a Agadez como principal punto de paso, con el respaldo de la UE.

Aunque el informe descarta que el país «vaya a convertirse en territorio de origen de inmigración ilegal con destino a Europa» considera que «los cambios de la situación política nigerina sí pueden hacer que se modifiquen los itinerarios terrestres de los tránsitos de migrantes procedentes del golfo de Guinea a través del continente africano».