Ecologistas dicen que el Pacto de Doñana fue «una farsa» y «no tiene sentido» con el decreto de simplificación

Ecologistas en Acción ha criticado este lunes que el Pacto de Doñana fue «una farsa» porque «nunca pensaron en retirar la PDL» después de en el cuarto decreto de simplificación administrativa «se incluya una modificación de la Ley Forestal de Andalucía». Por su parte, WWF sostiene que «este cambio supone amnistiar a los agricultores ilegales», por lo que «si se aprueba esta norma» el acuerdo alcanzado entre las administraciones andaluza y estatal «no tendría sentido».

En un audio remitido a los medios de comunicación, Romero ha señalado que «todos nos felicitamos» por la firma del acuerdo por Doñana entre Gobierno y Junta porque «se recuperaba el diálogo», pero ha lamentado que «los hechos están demostrando que fue una farsa».

Así, en relación a la publicación del decreto de simplificación administrativa de la Junta, Romero ha lamentado que este «no está enfocado a la eliminación de la burocracia absurda, sino más bien para allanar y eliminar los filtros a todo tipo de negocios sin participación ni transparencia», porque «ha quedado demostrado que no pensaron nunca en retirar la Proposición de Ley de Doñana», ya que «están haciendo lo mismo pero con otras fórmulas jurídicas».

En este sentido, Romero ha asegurado que la Junta «sabe que no puede realizar esas modificaciones porque rebajarían las garantías ambientales y vulnerarían el principio de no regresión», por lo que, en su opinión, «lo que están buscando, además de las compensaciones de hasta 100.000 euros por la retirada de una hectárea de regadío, es aumentar la superficie agrícola de riego, es decir, hectáreas de especies de ciclo corto como los eucaliptos, con unas 700 y 800 hectáreas ubicadas principalmente en Lucena del Puerto y Moguer, pasarían automáticamente a suelos agrícolas regables», ha detallado.

Además, ha añadido que «lo triste» es que «están liquidando lentamente al Consejo de Participación de Doñana por falta de participación y por falta de transparencia», por todo ello ha animado a la oposición a «llevar este tema al Tribunal Constitucional».

Por otro lado, desde WWF han alertado que la «modificación de la Ley Forestal de Andalucía que se incluye en el decreto de simplificación permitirá legalizar a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Doñana».

En este sentido, han criticado que «con la excusa de la adaptación de la normativa andaluza a la estatal», este Decreto-Ley «reduce la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana» y, «en un claro ejemplo de arbitrariedad, aplica la retroactividad a la misma, sin justificación técnica ni participación pública alguna».

Al respecto, la organización ha explicado que con «la modificación de esta norma», los suelos agrícolas situados en el entorno de Doñana que «están considerados como forestales y que han sido transformados ilegalmente de forestal de turno corto a agrícola, serán amnistiados y el suelo será considerado como agrícola en lugar de ser restaurado, pudiendo seguir desarrollando su actividad hasta hoy considerada ilegal».

«De esta forma, gracias al artículo 242 de este Decreto-Ley, los terrenos que actualmente tengan abierto expediente sancionador podrían reclamar el archivo del mismo y esquivar la sanción, puesto que tendrían consideración de agrícola. De este modo, la Junta de Andalucía modifica sustancialmente su ley forestal mediante un Decreto-Ley cuya necesidad y urgencia es totalmente cuestionable y esquivando así la participación pública y los informes técnicos pertinentes, por lo que se desconoce completamente en este momento el número de hectáreas forestales que se verán afectadas, su actual estado, su importancia para Doñana», ha aseverado la ONG.

Por tanto, en opinión del WWF, este Decreto-Ley provocará «una disminución del terreno forestal protegido de Doñana» y supone «una amnistía en toda regla para las transformaciones ocurridas en determinados suelos forestales que fueron convertidos ilegalmente en suelos agrícolas», así como «la materialización por la vía del Decreto-Ley de algunos de los compromisos recogidos en la Ley de Regadíos de Doñana promovida por el Partido Popular de Andalucía, con la que se pretendía conceder una amnistía a los agricultores ilegales de Doñana, que aún no ha sido oficialmente retirada del Parlamento de Andalucía, y que ya incluía esta misma modificación».

«Consideramos que esta nueva maniobra para amnistiar a gran parte de los agricultores ilegales de Doñana supone un ataque directo al Pacto de Doñana firmado el pasado mes de noviembre entre la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y el Presidente de la Junta de Andalucía y por el que este se comprometió públicamente a la retirada definitiva de la Ley de Regadíos y el Gobierno de la nación a invertir 706 millones de euros en la restauración ecológica y el desarrollo sostenible en el entorno de Doñana», han enfatizado desde la organización.

Por lo que, según ha destacado WWF, «esta amnistía encubierta daña la credibilidad del Pacto de Doñana» que había sido presentado a la Comisión Europea. Además, ha advertido que si la Junta de Andalucía «mantiene la retroactividad de esta norma los ilegales, habrán ganado el pulso al Estado de derecho en Doñana y no tendrá sentido el Pacto de Doñana».