Vox pedirá en pleno que el Ayuntamiento de Talavera acredite «objetivamente» informes de vulnerabilidad de inmigrantes

TOLEDO 22 Jun. –

El Grupo Municipal Vox en Talavera de la Reina, que llevará al pleno ordinario del mes de junio una moción para exigir al Gobierno de España el fin de las políticas de regularización masiva de inmigrantes ilegales, va a exigir al Consistorio que todas las solicitudes de documentación que tramite se sometan a una verificación estricta de los requisitos legales y establecer que la emisión de informes de vulnerabilidad se base únicamente en hechos objetivamente acreditados, entre otros puntos de acuerdo.

En nota de prensa el portavoz de Vox, David Moreno, ha denunciado que tras la entrada en vigor del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, fruto del acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios, «el Gobierno tiene como fin impulsar una regularización extraordinaria de, por lo menos, medio millón de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España».

«Dicha norma, tiene a medio plazo un innegable propósito electoral: a cambio de premiar a quienes vulneraron las leyes españolas para acceder a nuestro territorio o para permanecer en él, busca proporcionar millones de votos a los partidos de izquierda especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva», ha denunciado, según informa el grupo.

«Resulta totalmente inaceptable que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que no solo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción de nuestras normas», ha denunciado.

Además, Moreno ha criticado también que «cualquier extranjero que vea regularizada su situación mediante la obtención de un permiso de residencia acceda, de forma inmediata, a un conjunto de ayudas y prestaciones que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo».

«La entrada en vigor de este procedimiento extraordinario de regularización está provocando en numerosos municipios una afluencia masiva de solicitantes hacia los servicios municipales, especialmente en padrón, registro y servicios sociales, que actúan de facto como primer punto de contacto ante la falta de medios o asesoramiento de los interesados», algo que «está generando una sobrecarga significativa de recursos públicos locales, con riesgo real de colapso en la atención ordinaria, retrasos en la tramitación de expedientes propios del ámbito municipal y una progresiva desatención de las necesidades de los vecinos».

Entre los principios de acuerdo, destaca el rechazo a la regularización masiva de inmigrantes ilegales en España impulsada por el Gobierno, instar al Gobierno de España a aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que se han llevado a cabo por medio del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, y que derogue este último, poniendo fin de esta manera al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal.