Tolón afirma que «no hay ninguna denuncia» por fallos en pulseras antimaltrato de Ciudad Real y pide «no alarmar»

Subdelegación avisa a Ayuntamiento de una posible responsabilidad legal directa en el caso de que se hayan manejado «datos sensibles»

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha asegurado este jueves que por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Fiscalía «no hay ninguna denuncia» en relación a posibles fallos en pulseras antimaltrato de Ciudad Real y ha pedido «no alarmar» con este asunto.

A preguntas de los medios sobre los problemas que habrían tenido siete mujeres ciudadrealeñas con este sistema, durante una rueda de prensa para hablar de la incidencia del Perte de la Economía Social y de los Cuidados en la región, Tolón ha incidido en no alarmar con informaciones como esta «que lo que hacen es perjudicar de manera total a las mujeres que se encuentran dentro de este sistema».

«No alarmemos porque lo que nos interesa es proteger a las mujeres que en algún momento han estado, por manos de sus parejas o exparejas amenazadas», ha precisado, instando a no hacer «política con esto».

De su lado, la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real se ha remitido a la investigación interna «exhaustiva» que ha iniciado el Ministerio de Igualdad sobre los posibles fallos en los dispositivos COMETA, con el objetivo de depurar responsabilidades y esclarecer si se han incumplido obligaciones contractuales o de transparencia.

Añade en nota de prensa que «ni en la Fiscalía, ni en la Policía Nacional, ni en la Guardia Civil constan denuncias registradas en relación con los hechos que se han hecho públicos desde el Ayuntamiento de Ciudad Real», afirmando que «difundir afirmaciones sin contraste previo con las autoridades competentes constituye una actuación irresponsable que puede generar alarma injustificada entre las mujeres usuarias del sistema».

Señala que el Ayuntamiento de Ciudad Real, con sus declaraciones públicas señalando fallos generalizados en las pulseras o cuestionando la eficacia del sistema, «incurre en varias omisiones y riesgos institucionales», porque «carece de competencia técnica para auditar sistemas telemáticos bajo jurisdicción estatal o judicial».

«No ha presentado ante esta Subdelegación ni ante los órganos de protección oficial informe técnico alguno que respalde sus afirmaciones. Su actuación puede debilitar la credibilidad de un mecanismo de protección que funciona 24/7 para salvaguardar la vida de las mujeres».

En el caso de que se hayan manejado datos sensibles, localización, órdenes de alejamiento, historiales judiciales, sin las garantías exigidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, podría existir una responsabilidad legal directa.

Hace un llamamiento a la responsabilidad institucional y a la cooperación, porque «este asunto trasciende lo local», ya que está «en juego la confianza de mujeres en situación de riesgo en los sistemas de protección del Estado».