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Publicado 19 Feb 2026 12:12
TOLEDO 19 Feb. –
El vicepresidente segundo del Gobierno de Castila-La Mancha, José Manuel Caballero, ha avanzado que la Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha estará apoyada por un plan estratégico, recordando que la norma se marca como fecha tope finales de marzo o principios del abril de 2027. Dicho esto, ha reclamado el apoyo de PP y Vox en el Parlamento regional para que el texto sea aprobado por unanimidad.
Así lo ha trasladado Caballero en su intervención en las jornadas de inicio del proceso participativo para la elaboración esta norma en Toledo, que ha compartido junto al comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, y al director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno, Jesús Martín, entre otros asistentes.
El objetivo se centra en «ser capaces» de tener el texto de la ley con todas las aportaciones, de forma «muy trabajada y transparente», ya que se trata de una ley «compleja», que requiere «el máximo de aceptación o consenso» de todos los agentes implicados.
Es por ello, que la norma irá ligada a un plan estratégico que marque los objetivos a corto, medio y largo que favorezcan el desarrollo de la ley y los preceptos de la misma.
«No tenemos que correr. No se trata de llegar pronto y solos sino juntos y a tiempo», ha afirmado el vicepresidente segundo, parafraseando los versos de León Felipe.
Para la materialización de la norma, José Manuel Caballero ha incidido en que se necesita financiación, por lo que ha reclamado al director de Discapacidad del Gobierno central que el fondo nacional en este ámbito se reparta bien, «de acuerdo al principio de necesidad», lamentando que «hay determinados fondos que llegan a los que más tienen».
«No estamos dispuestos a aprobar una ley para que luego al final no se pueda aplicar, sencillamente porque no existen recursos económicos», ha afirmado Caballero, que ha puesto el acento en un nuevo modelo de financiación autonómica que reconozca «la singularidad» de Castilla-La Mancha, región con «un alto porcentaje de envejecimiento y con una amplia dispersión territorial».
También ha recalado Caballero en la necesidad de un nuevo marco financiero plurianual en la Unión Europea, que permita a las regiones de Europa desarrollar uno de estos objetivos, como es el de la accesibilidad universal.
Así, ha avanzado que en el mes de marzo volverá a viajar a Bruselas, punto en el que ha reclamando el aumento de presupuesto de este marco financiero, señalando que desde el Ejecutivo regional no se niegan a que haya recursos económicos para defensa.
«El presupuesto de Unión Europea es del 1,2 por ciento del PIB, con que aumentara cinco décimas tendríamos para defensa, para la Política Agraria Común, para fondos de cohesión(…)», ha remarcado.
De su lado, el director de Discapacidad del Gobierno central ha destacado el «factor palanca» que ejerce el Comisionado de Accesibilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha en la extensión de los derechos de estas personas penetrando en todas las áreas del Ejecutivo de la región.
Haciendo alusión a la reforma que se tramita en el Congreso de los Diputados de las leyes de discapacidad y dependencia, ha reseñado que, si esta «se aprueba», la accesibilidad pasará de «ser un principio rector a erigirse como un derecho de toda la ciudadanía».
«Cuando yo vaya a un sitio y haya unos mostradores altos, yo podré acudir a la justicia a buscar reparación, porque eso implicará una discriminación al ejercicio de mis derechos», ha aseverado.
A su juicio, «se necesitan recursos» para hacer efectiva esta normativa y es por ello que ha aludido a la «creación de un Fondo Estatal de accesibilidad universal, una masa económica a disposición de los servicios públicos».
«Si hay un museo, un hospital, un centro de salud que necesita poner una rampa o algún elemento de accesibilidad, pues que no tenga que volverse uno majara para buscar de dónde se sacan los recursos, podrá acudir a este fondo para sufragarlo», ha destacado.
De su lado, la presidenta de Cermi Castilla La Mancha, Cristina Gómez, ha agradecido la «escucha activa» que se va tener en relación a esta ley, porque «sin accesibilidad universal, las personas con discapacidad tienen muy difícil ejercer sus derechos».
Esta falta de accesibilidad ya no solo se observa «en las barreras arquitectónicas» sino también «en entornos digitales». «Desde aquí lo que queremos es interpelar a toda la sociedad porque a todos nos concierne. Reivindicamos una ley de accesibilidad universal en la que nadie se quede fuera y nadie queda atrás», ha afirmado Gómez.
Finalmente, el director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, Jesús Hernández, ha destacado los avances legislativos en materia de accesibilidad, destacando que «España es el país más accesible de Europa» y poniendo en valor la «futura aplicación» de la ley regional, que reflejará el «trabajo para que sea una ley consensuada por todas las partes de la sociedad».
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