AI denuncia un aumento de la represión estatal contra presos de conciencia y sus familiares en Cuba

La ONG alerta del deterioro de la salud de varios reclusos por demoras en la atención médica

Amnistía Internacional ha alertado este viernes sobre un recrudecimiento de la represión estatal en Cuba, donde las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilegal y el hostigamiento a los familiares de las personas presas de conciencia no hacen sino aumentar, en un contexto en el que también se ha agravado el estado de salud de varios civiles encarcelados por ejercer sus derechos humanos.

«La vigilancia constante de viviendas, las detenciones arbitrarias de corta duración y las restricciones injustificadas para salir del hogar forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano está usando para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia», ha ilustrado Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de la ONG, que ha manifestado su «profunda preocupación» ante esta nueva oleada de acciones represivas contra personas presas de conciencia y vinculadas a «casos emblemáticos de represión estatal» en el país.

De acuerdo con la organización, estas acciones –que han afectado también a activistas y opositores– tienen como objetivo «intimidar, aislar y silenciar a quienes exigen respeto a los derechos humanos, atención médica adecuada o la liberación de sus seres queridos».

Desde AI consideran «especialmente grave» que estas medidas vayan dirigidas a menudo contra personas –madres, padres y otros familiares– cuyo único «delito» ha sido denunciar públicamente los abusos cometidos por las instituciones o reclamar soluciones humanitarias y atención sanitaria para sus seres queridos.

«Estas actuaciones se han llevado a cabo sin orden judicial, sin información sobre su base legal y sin mecanismos efectivos de impugnación, en abierta violación de las garantías mínimas del debido proceso», ha agregado la organización a este respecto.

En paralelo, la ONG ha reiterado su alarma por la delicada situación de salud de varias de las personas privadas de libertad, alegando que algunas de ellas presentaban enfermedades crónicas graves que se han agravado aún más durante su estancia en prisión.

Testimonios como los de Loreto Hernández García y Roberto Pérez Fonseca, ambos prisioneros con enfermedades crónicas, coinciden en el relato de cómo, a pesar de que personal médico del propio sistema penitenciario es consciente de la gravedad de sus diagnósticos, las autoridades penitenciarias «mantienen demoras» en la aplicación de los beneficios penales por razones de salud contemplados en la legislación cubana.

«El Estado es responsable de que todas las personas presas tengan acceso sin discriminación a atención sanitaria adecuada y bajo los mismos estándares que estén disponibles en la comunidad», ha recordado Cilano, recalcando que «negar o retrasar la atención médica adecuada a personas bajo custodia del Estado puede constituir una violación de la prohibición absoluta de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».

En la misma línea, ha advertido de que bloquear de manera arbitraria los procedimientos de excarcelación por motivos de salud ha puesto en riesgo la vida y la integridad de personas con enfermedades graves.

Así las cosas, desde Amnistía Internacional han instado a las autoridades cubanas a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas presas de conciencia, así como a acabar con las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilegal y el hostigamiento, y a garantizar una atención médica oportuna y adecuada conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.