Este miércoles juzgan en Toledo a un hombre acusado de defraudar a la Seguridad Social 1,3 millones de euros

TOLEDO 6 May. –

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará este miércoles, 7 de mayo, a un acusado de un delito de fraude contra la Seguridad Social –F.P.B– por un importe de 1,3 millones de euros, y por el que la Fiscalía pide una pena de prisión de 3 años y medio y una multa de 4.017.186 euros, el triple de lo defraudado.

Tal y como se refleja en el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el acusado, F.P.B. se dio de alta como autónomo el 1 de octubre de 2009. Desde al menos esa fecha, el acusado vino figurando como administrador, y único gestor, de diversas sociedades, que fueron sucediéndose en el tiempo, y que fueron generando importantes deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Además el propio acusado, F.P.B., como autónomo, mantuvo una deuda con la seguridad social de 2.609,40 euros.

Todas estas sociedades se dedicaban a la misma actividad social, y compartían el domicilio social y centro de trabajo sito en la toledana localidad de Ocaña; y F.P.B., como gestor y responsable, guiado por el firme propósito de eludir sus responsabilidades con la Tesorería General de la Seguridad Social, generó una deuda por impago de la cuota de hasta 67 trabajadores dados de alta.

Según iba siendo sancionado en vía administrativa por tales impagos, relata la Fiscalía, iba dando de baja cada una de las sociedades, para crear o adquirir la siguiente sociedad, previa modificación de sus estatutos y de su domicilio y objeto social, y poder continuar con su misma actividad, dando de alta a todos o algunos de los mismos trabajadores de la anterior sociedad y generando una nueva deuda.

El total de la deuda originada por las sucesivas sociedades con la TGSS alcanza un importe total de 1.339.062,70 euros, actualizada con los correspondientes recargos a fecha de 8 de octubre de 2019.

Se pide por parte de la Fiscalía para el acusado responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses en caso de impago y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de 5 años.