Empresario acusado de abusar de trabajadora con discapacidad dice que la relación fue «real y querida por ambos»

CIUDAD REAL 3 Mar. –

El propietario de una empresa de limpiezas de Ciudad Real acusado de abusar sexualmente de una trabajadora con discapacidad psíquica reconocida ha negado los abusos y ha asegurado que la relación fue «real y querida por ambos».

Así lo ha explicado su abogado, Francisco Víctor, a los medios de comunicación momentos antes del comienzo de la vista, celebrada a puerta cerrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Durante la vista oral, tanto la Fiscalía como la acusación particular han mantenido su petición de 15 años de prisión, así como el resto de medidas, entre ellas la prohibición de aproximación y comunicación y la indemnización de 30.000 euros por daño psíquico y moral.

Por su parte, el abogado de la defensa ha solicitado la libre absolución de su defendido al entender que los hechos se enmarcaron en una relación sentimental consentida.

Según ha señalado, la postura del acusado «no ha variado desde el minuto uno» y sostiene que existió «una relación sentimental real, efectiva, querida por ambos» y que «el consentimiento era también real y efectivo».

El letrado ha negado que existiera abuso, violencia o situación de superioridad y ha defendido que el procedimiento ha evolucionado desde una denuncia inicial en la que se hablaba de un cierto grado de violencia hacia un debate centrado en la supuesta falta de consentimiento por las patologías psíquicas de la denunciante. A su juicio, esa línea acusatoria no se sostiene.

En este sentido, ha argumentado que la incapacidad civil declarada en 2016 se limitaba al ámbito económico y a la firma de contratos complejos, pero que los informes forenses de entonces recogían que la mujer estaba orientada, coherente y con capacidad de gobierno de su vida personal inalterada.

Por ello, ha defendido que su libertad sexual no estaba anulada ni en contradicción con su diagnóstico de retraso mental leve.

El abogado ha añadido que sostener que una persona con retraso mental leve carece automáticamente de capacidad para consentir implicaría que cualquier relación pudiera derivar en una acusación de agresión sexual.

Asimismo, ha apuntado que la denuncia surgió tras un conflicto familiar relacionado con cuestiones económicas, momento en el que la relación sentimental salió a la luz.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la denunciante, trabajadora de una empresa de limpieza desde 2004, habría mantenido con el acusado, propietario de la mercantil, una relación sentimental paralela a la de su matrimonio entre 2019 y febrero de 2023.

La Fiscalía sostiene que, entre julio de 2022 y febrero de 2023, los encuentros pasaron a ser de naturaleza sexual y se produjeron en distintos centros de trabajo, en la oficina del empresario e incluso en su domicilio.

El Ministerio Fiscal considera que el acusado, conocedor de la discapacidad psíquica del 65% reconocida a la trabajadora y de su especial vulnerabilidad, se habría aprovechado de esa circunstancia para mantener relaciones sexuales, al entender que la mujer no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido.

Por estos hechos solicita 15 años de prisión y medidas de alejamiento y prohibición de comunicación durante 20 años, además de una indemnización de 30.000 euros por daño psíquico y moral.