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Publicado 26 Feb 2026 12:49
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lamentado este jueves en un acto sobre rehabilitación de vivienda que ha tenido lugar en el hotel Palacio de Albacete la falta de apoyos en el Congreso para sacar adelante el decreto ley del escudo social y ha criticado que los partidos políticos que lo han rechazado «intenten utilizar el bulo y la mentira mezclando situaciones de problemas sociales económicos de vulnerabilidad y relacionarlos con la delincuencia como es la ocupación».
Rodríguez ha previsto el rechazo de la iniciativa en el Congreso, que se vota este jueves, ante la anunciada negativa de Vox, Junts y Partido Popular al paquete de medidas «que incorporaban deducciones fiscales a las familias que han hecho obras de rehabilitación, el bono social térmico para los que no pueden asumir gastos eléctricos y que introducía un escudo social para proteger de los más vulnerables en situaciones excepcionales de cara a evitar que se puedan consumar desahucios», según ha recordado.
La ministra ha asegurado que los partidos de la oposición «si quieren votar en contra para dar una zancadilla al Gobierno no necesitan la mentira ni ofender a las personas que pasan por esas dificultades».
Ante el previsto fracaso del decreto, la ministra de Vivienda ha garantizado que van a comenzar «a trabajar técnicamente en colaboración con otros ministerios afectados, como el de justicia o el de Derechos Sociales, para ver de qué manera damos respuesta a estas personas» afectadas.
También ha garantizado que pedirán «responsabilidad» a las administraciones públicas con competencias expresas en materia de Protección Social y de Vivienda «para que en este país no se produzca ni un solo desahucio de personas vulnerables».
Rodríguez ha señalado que España «no sólo es un Estado de Derecho, sino también un Estado Social y todas las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de velar y atender a las personas que hoy están sufriendo una situación de vulnerabilidad».
La política socialista ha concretado que «aún es demasiado prematuro para concretar la alternativa» que seguirán, repitiendo que van «a fiscalizar la actuación de todas las administraciones públicas competentes para que den respuesta a todas las personas afectadas».
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