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Publicado 17 Nov 2026 13:43

· Fuente: Europa Press
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También eleva en un 4,5% las partidas de acción social, congeladas desde hace 14 años

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para hacer efectiva la subida salarial del 4,5% en 2027 para más de tres millones de empleados públicos de las tres administraciones, incremento que en la Administración General del Estado (AGE) se aplicará ya en la nómina de enero.

«Es la mayor subida salarial para los servidores públicos desde 1992», ha destacado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

López ha recordado que esta subida del 4,5% da cumplimiento al compromiso del Gobierno firmado en noviembre de 2025 con UGT, CCOO y CSIF en el acuerdo marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, que establecía una senda para elevar las retribuciones de hasta un 11% en el horizonte de 2028.

El ministro ha indicado que esa subida del 4,5% será incluso mayor, pues en el primer trimestre de 2027 se abonará a los empleados públicos un 0,5% adicional y retroactivo desde enero de 2026 una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme formalmente -ya entrado 2027- que el IPC interanual ha crecido este año por encima del 1,5%, que es la subida que se pactó para este año. En caso de ser así, se pagarán los atrasos correspondientes a todo 2026 y se ajustarán las nóminas siguientes.

Según ha detallado Óscar López, las subidas de los empleados públicos oscilarán entre los 1.440 euros brutos al año en 14 pagas que podrá percibir un administrativo, los más de 1.900 euros adicionales para un policía nacional, los más de 2.700 euros para un maestro, los más de 3.700 euros para un médico y los más de 4.000 euros para jueces.

En el ámbito del sector público estatal, el alza del 4,5% de 2027 se hará efectiva en la nómina de enero y beneficiará a 546.000 trabajadores, mientras que el resto de administraciones deberán adoptar las medidas pertinentes para aplicarla a su personal (1,93 millones de empleados públicos autonómicos y casi 595.000 de trabajadores de la administración local).

El ministro ha explicado que esta subida salarial se aprueba ahora, en precampaña electoral y antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, para que sea efectiva el 1 de enero.

«Hay que aprobarlo ahora, entre otras cosas porque tenemos que pasar por el Congreso de los Diputados. Al ser un Real Decreto-ley hay que aprobar una partida extraordinaria que permita hacer el pago de la subida salarial. Si no se llevará ahora, obviamente, no habría tiempo de aplicarlo el 1 de enero, por lo tanto, la razón es muy sencilla, es que no hay otra alternativa. Esto podría suceder con un Gobierno en funciones y no daría tiempo a aprobarlo por la Diputación Permanente», ha argumentado.

López se ha mostrado «absolutamente convencido» de que ningún grupo parlamentario va a votar en contra de este Real Decreto-ley. «Sería impensable, más cuando todos coincidimos en que el coste de la vida es un problema fundamental y estoy seguro que ningún grupo va a votar en contra de esta medida que vamos a llevar a la Diputación Permanente», ha insistido el ministro, que ha recordado además que todo esto es fruto de un acuerdo firmado con los sindicatos hace un año.

SUBIDA DEL 4,5% EN INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA Y PARTIDAS SOCIALES

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno incluye igualmente otros puntos acordados con los sindicatos en el acuerdo marco relativos a las indemnizaciones por razón de servicio y las partidas de acción social.

En concreto, se aprueba una subida del 4,5% -el incremento máximo salarial previsto- en las cuantías de las indemnizaciones por residencia, una compensación económica de carácter no retributivo que perciben los empleados de la AGE para resarcir los sobrecostes de vivir en zonas con especiales condiciones geográficas o de insularidad como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla o el Valle de Arán.

El pasado mes de julio, en virtud del acuerdo sindical, ya se actualizaron estas indemnizaciones para los 11.176 efectivos de la Administración del Estado residentes en Baleares para equipararlas a las de Canarias.

Asimismo, la norma aprobada por el Gobierno incorpora un incremento del 4,5% en las partidas destinadas a planes de acción social del personal del sector público, tras haber permanecido congeladas durante los últimos 14 años.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Óscar López ha subrayado que este aumento supone destinar un 4,5% más para ayudas de guardería, gafas, transporte, tratamientos odontológicos u otras prestaciones -como estudios, prótesis auditivas o alquiler y adquisición de vivienda- «que mejoran el bienestar de quienes sostienen el Estado del Bienestar».


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