El Gobierno garantiza a los sindicatos que el sueldo de los funcionarios subirá un 4,5% desde enero

En el primer trimestre de 2027 se aplicará además un alza del 0,5% por la desviación del IPC respecto al aumento fijo pactado para 2026 (1,5%)

El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública ha garantizado este martes a CSIF, CCOO y UGT que el sueldo de los empleados públicos subirá un 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, tal y como pactaron ambas partes en el acuerdo marco que firmaron el pasado mes de noviembre.

Así lo han comunicado los tres sindicatos después de reunirse con el Ministerio en el marco de la comisión de seguimiento de dicho acuerdo, en el que se contemplaba un alza global del salario de los más de tres millones de empleados públicos del 11% para el periodo 2025-2028.

Este 11% de aumento salarial pactado hasta 2028 se distribuía en un alza del 2,5% para 2025; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

En el caso de este año, al incremento salarial fijo del 1,5% ya aplicado ha de añadirse medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. Como todo apunta que será así, ese 0,5% adicional también se abonará en 2027, a lo largo del primer trimestre, y con efectos retroactivos.

LOS SINDICATOS QUIEREN QUE SE APRUEBE DE INMEDIATO O ANTES DEL 29-N

Desde los sindicatos demandan que la subida salarial del 4,5% acordada para 2027 y garantizada hoy por el Gobierno se apruebe antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En concreto, CSIF ha reclamado a Función Pública que apruebe este incremento salarial vía Real Decreto-ley antes de las elecciones con el fin de evitar retrasos por las limitaciones de un Ejecutivo en funciones.

El sindicato que dirige Miguel Borra ha insistido en la necesidad de disponer de la norma básica estatal con antelación para que las distintas administraciones presupuesten y preparen las nóminas con un criterio homogéneo.

Por su parte, desde UGT Servicios Públicos consideran que la aprobación debe realizarse antes del 24 de noviembre, fecha de la última reunión del Consejo de Ministros previa a los comicios.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha urgido a fijar la fecha para su aprobación y ha recordado que el Congreso, el Consejo de Ministros o la Diputación Permanente disponen de los mecanismos legales para hacer efectivo el incremento salarial.

Desde CCOO, por su parte, recalcan que el colectivo de empleados públicos necesita «hechos y no declaraciones de intenciones», por lo que reclaman la aprobación inmediata de un Real Decreto-ley que traslade el 4,5% pactado a las nóminas de enero de 2027.

El sindicato ha lamentado en un comunicado que, aunque el Ejecutivo se ha comprometido a aprobar legalmente el alza, no ha especificado la fecha para hacerlo.

TEMPORALIDAD Y SANCIONES

Respecto a las medidas relativas a la temporalidad, CSIF ha informado de que el Departamento que dirige Óscar López está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad y establecer sanciones, entre ellas el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.

Según este sindicato, el Gobierno ha reconocido durante la reunión que la tasa de temporalidad en el sector público se mantiene estancada en una media del 27%, superando el 40% en Sanidad y Educación.

CSIF respalda el establecimiento de «sanciones ejemplares» como el cese de gestores, al tiempo que pide eliminar la tasa de reposición, limitar los procesos selectivos a un máximo de un año y fijar medidas reparadoras para el personal afectado.

Desde CCOO se exige culminar de forma inmediata los procesos de estabilización pendientes y denunciar a las administraciones incumplidoras, defendiendo que los cambios normativos deben ofrecer una respuesta definitiva a la temporalidad estructural, acordes a las exigencias comunitarias y judiciales, definiendo con claridad el abuso o fraude y concretando las responsabilidades y sanciones para las administraciones y gestores.

INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA Y OTRAS REIVINDICACIONES

Las tres centrales sindicales han emplazado además al Gobierno a actualizar las indemnizaciones por residencia y razón de servicio.

En este sentido, UGT ha recordado que aún hay margen para culminar estas revisiones y que, tras el pacto alcanzado en junio para unos 11.200 empleados de la Administración General del Estado en Baleares, se deben concretar antes de diciembre los complementos de Ceuta, Melilla, Canarias y el Valle de Arán.

CSIF, por su parte, asegura que Función Pública ha mostrado voluntad de cumplir con el plazo de actualizarlas antes de final de 2026.

En cuanto al resto de materias del acuerdo marco, las organizaciones sindicales demandan mantener activos los grupos de trabajo. CSIF marca como prioridades la supresión de la tasa de reposición, la mejora del mutualismo administrativo y de las pensiones de Clases Pasivas, además de promover la movilidad, la carrera profesional y la adecuación de puestos.

De cara a las elecciones del 29 de noviembre, el sindicato que dirige Miguel Borra planteará a las fuerzas políticas la recuperación de la estructura salarial previa a 2010, un Plan de Empleo para servicios públicos y compensaciones de residencia dentro de un pacto de Estado de vivienda.

Por su lado, CCOO ha advertido de que no se deben paralizar compromisos pendientes como la jubilación anticipada parcial para el personal funcionario y estatutario o la clasificación profesional, requiriendo avances en salud laboral, igualdad, inteligencia artificial y el personal del Servicio Exterior.