El Gobierno aprueba la Estrategia para la Pobreza Energética, que incluye un criterio de renta para familias numerosas

Transición Ecológica señala que, con los requisitos actuales, acceden al bono hogares que no lo necesitan

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Estrategia para la Pobreza Energética 2026-2030, que plantea adaptar la normativa para limitar el acceso al bono social eléctrico y al bono social térmico a los hogares con rentas altas «para cerrar la brecha de cobertura, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita».

«Con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan», especifican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, ha puntualizado esta mañana que el Ejecutivo ha incluido en la estrategia que «la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores» al ser preguntada si el texto establece un criterio de renta para las familias numerosas a la hora de percibir el bono social.

Aún así, ha especificado que la introducción del criterio de renta requiere de un reglamento. «Existe ya un real decreto y por lo tanto lo que hay que hacer es actualizarlo y para actualizarlo lo que vamos a hacer es, como siempre, desde el diálogo y el debate, contar con las asociaciones, contar con esta mesa que vamos a empezar ahora en breves minutos para identificarlo y llevarlo a cabo con esa tramitación», ha indicado.

Así se ha expresado ante los periodistas junto al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, antes de su reunión son la Mesa Social de Pobreza Energética. En este marco, Groizard ha añadido que «uno de los principales ejes de esa estrategia es mejorar la protección de los consumidores vulnerables».

«Eso significa que aquel que tenga una necesidad de un apoyo como es el bono social tenga acceso a él. Eso significa reabrir la definición de qué significa vulnerable a efectos del bono social y aplicar con carácter general criterios de renta», ha detallado.

La Estrategia incluye 13 medidas pluridisciplinares y cuatro ejes de actuación, entre ellos la creación de un Observatorio de la Pobreza Energética «que podrá definir mejor los indicadores para llevar un seguimiento» de este tema y poder seguir «poniendo sobre la mesa» actuaciones para proteger a los consumidores más vulnerables «en todas las administraciones competentes, tanto la general como las autonómicas». Se acaba de lanzar una consulta pública previa para concretar sus actividades y la de su red de colaboradores entre otros aspectos.

Además, Aagesen ha incidido en que el texto busca mejorar la cobertura de los hogares vulnerables a través de unos centros llamados ‘Red Actúa’. «Desde hoy mismo vamos a someter a consulta previa esa Red Actúa para conocer cómo esos centros se van a acercar a los barrios, a las zonas más vulnerables, para que los consumidores puedan saber si pueden tener esos beneficios y sobre todo para facilitarles esa tramitación y que llegue lo antes posible a todos los hogares», ha señalado.

A su vez, ha puesto en valor los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), a los que el Ejecutivo quiere aplicarles «un multiplicador» para que haya un incentivo adicional para su utilización. Por esta parte, el Ministerio ha especificado que ha lanzado otra consulta pública previa para fomentar el CAE social, que analizará la opción de aplicar un factor multiplicador para incrementar el valor del ahorro generado y acelerar el retorno de la inversión en actuaciones sobre la climatización y las envolventes de los inmuebles habitados por personas vulnerables.

«Se trabajará para alcanzar el objetivo de que un 12% de todos los ahorros del sistema CAE provenga de actuaciones de ahorro y eficiencia para hogares vulnerables, incrementando el interés del sector energético en este ámbito; para ello se ampliará el catálogo de actuaciones estandarizadas, mejorando las fichas para la pobreza energética e incentivando las rehabilitaciones pasivas frente a medidas activas», han señalado desde Transición Ecológica.

Al margen de ello, la vicepresidenta tercera ha subrayado que el Gobierno sigue trabajando en medidas que estimulen la rehabilitación energética «con un programa piloto de rehabilitación energética express». «De esta manera el consumo será menor y la vulnerabilidad también podrá disminuir», ha explicado.

En este ámbito se contará con incentivos y apoyo público: además de los presupuestos ordinarios de los ministerios y administraciones implicadas, el Plan Social para el Clima contará con unos 9.000 millones de euros durante el período de vigencia de la Estrategia. De nuevo, Transición Ecológica ya ha lanzado una consulta pública previa para diseñar una Orden ministerial que regule la concesión de ayudas a proyectos piloto de intervención exprés de viviendas vulnerables y edificios de uso comunitario.

Además, contempla implantar medidas que faciliten el acceso a los potenciales beneficiarios, suprimiendo prácticas comerciales como la penalización por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social y estableciendo una protección en el caso de refacturaciones, o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social para que pueda comprobarse.

Por esta parte, Transición Ecológica especifica que varias de estas medidas ya se han incluido en el reciente Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica.

«Vamos a seguir trabajando, vamos a mejorar y a identificar los mejores indicadores, actuar con medidas, algunas aprobadas y otras que van a seguir adelante. Y por supuesto también vamos a llevar un sistema de seguimiento, el siguiente informe de seguimiento estará disponible en el año 2028 para ver cómo ha evolucionado esta estrategia», ha resumido Aagesen.