Sanidad y CCAA aprueban un protocolo para coordinar el acceso a terapias de alta complejidad

Se aplicará a 66 tratamientos, incluidas terapias avanzadas y tratamientos de alto impacto económico de 80.000 euros o más por paciente y año

El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este viernes un protocolo que establece la coordinación entre comunidades autónomas para el acceso a tratamientos farmacológicos de alta complejidad, que se aplicará inicialmente a 66 tratamientos, incluidas terapias avanzadas y tratamientos de alto impacto económico de 80.000 euros o más por paciente y año.

«Hemos aprobado un protocolo común para coordinar en todo el Sistema Nacional de Salud el acceso a los tratamientos farmacológicos más complejos, aquellos que superan los 80.000 euros por paciente y año, porque queremos que estos tratamientos se administren con las mismas reglas en todo el territorio, con menos burocracia entre administraciones y con una única prioridad, y es que el paciente reciba la mejor atención posible, viva donde viva», ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al consejo.

Este protocolo común para coordinar entre comunidades autónomas el acceso a tratamientos farmacológicos de alta complejidad ordena la relación entre los hospitales y las comunidades autónomas de origen y destino, con el objetivo de garantizar la equidad territorial, la calidad del proceso y la continuidad asistencial cuando un paciente deba ser atendido en un centro de referencia de otra comunidad.

El acuerdo se aplicará inicialmente a 66 tratamientos farmacológicos de alta complejidad ya incorporados a la cartera común de servicios del SNS: 12 terapias avanzadas y 54 tratamientos de alto impacto económico. Entre ellos se incluyen, por un lado, las terapias avanzadas, como medicamentos basados en genes, células o tejidos, y, por otro, los tratamientos de alto impacto económico. En este último grupo se incorporan aquellos medicamentos con un coste igual o superior a 80.000 euros por paciente y año.

Según explica Sanidad, el listado será dinámico y podrá actualizarse conforme se incorporen nuevos medicamentos. A partir de la aprobación del protocolo, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos será la encargada de proponer qué nuevos tratamientos se incluyen, en función de si son terapias avanzadas o si tienen un alto impacto económico por paciente.

El protocolo ordena la coordinación entre el hospital de origen, el hospital de destino y las comunidades autónomas implicadas. Cuando un centro de referencia identifique a un paciente candidato a uno de estos tratamientos, deberá comunicarlo al hospital de origen y a su comunidad autónoma. A partir de ahí, el hospital y la comunidad autónoma de origen valorarán la propuesta, comprobarán que la derivación se ha realizado correctamente y que la indicación cumple los criterios de financiación del SNS. Si la valoración es positiva, el centro de referencia podrá indicar el tratamiento.

El protocolo también fija el circuito económico: con carácter general, la adquisición y financiación del tratamiento corresponderá a la comunidad autónoma de origen del paciente, también cuando se administre en una comunidad distinta.

Siempre que sea posible, la prescripción, dispensación y administración de los medicamentos se realizará en la comunidad autónoma de origen del paciente, especialmente en tratamientos crónicos o de larga duración. El objetivo es reducir desplazamientos, mejorar la calidad de vida de pacientes y familias, y mantener la coordinación con el hospital de referencia.

En los casos que lo requieran, podrá establecerse un modelo de seguimiento compartido entre ambos centros. Para los tratamientos crónicos, el protocolo recomienda que el hospital de referencia realice al menos una valoración anual para revisar la evolución del tratamiento y evaluar su continuidad.

A corto y medio plazo, las comunicaciones se realizarán mediante un formulario estandarizado, acompañado de un informe clínico y con garantías de anonimización o seudonimización. A largo plazo, el protocolo plantea avanzar hacia una plataforma tecnológica del SNS para tramitar y gestionar estas solicitudes de forma común y coordinada.