El Gobierno aprueba en primera vuelta reforzar condenas a empresas por corrupción y más controles a los partidos

El paquete de medidas también incluye crear una Agencia Independiente de Integridad Pública y la figura del ‘decomiso sin condena’ de bienes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta un amplio paquete de medidas anticorrupción, que incluye el refuerzo de las condenas a empresas involucradas en casos de corrupción y más controles de los fondos que reciben los partidos políticos.

Estas medidas fueron anunciadas hace unos meses por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de la crisis generada por la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en una trama corrupta.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que incluye 84 medidas en total que afectan a 18 textos legislativos y que «dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción», según ha señalado.

Montero ha destacado varias medidas destinadas a prevenir conductas corruptas. Por ejemplo, el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración va a ser público y además se aumenta la pena máxima de inhabilitación de 15 años a 20, en los que tampoco podrán recibir subvenciones ni beneficios fiscales.

También se endurece el control y la transparencia en las donaciones a partidos políticos y fundaciones y en concreto se reduce el umbral de publicaciones de estos fondos. Actualmente es obligatorio hacerlo público cuando superan los 25.000 euros y ahora se reduce a 2.500 euros.

En este sentido, también se obliga a los partidos a realizar auditorías de sus cuentas externas e independientes y no hacerlo supondrá una infracción «grave o muy grave». La multa por no publicar las donaciones aumentará al doble del importe de la donación no publicada.

Entre las medidas aprobadas también está la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, un organismo que va a aglutinar otros que ahora están dispersos: la Oficina de Conflictos de Intereses, de la Autoridad de Protección del Informante y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Además, será la responsable de coordinar en España la protección de los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude.

Asimismo, va a aumentar el plazo de prescripción de delitos de corrupción de 5 a 7 años lo que permitirá dedicar más tiempo a investigar delitos «complejos» y evitar que la prescripción genere «impunidad a los corruptos».

El Gobierno también pretende reforzar el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para embargar bienes desde el inicio de la investigación. En ese sentido se van a incorporar figuras como el ‘decomiso sin condena’ o el decomiso de riqueza no justificada, «con plenas garantías judiciales» en base a la transposición de la normativa europea sobre recuperación y decomiso de activos.

Por último, para mejorar la detección de prácticas corruptas, el Ejecutivo va a mejorar el uso compartido de información mediante la «conexión entre bases de datos» y va a extender el uso de la herramienta Minerva para la detección automática de conflicto de intereses.

También va a utilizar «herramientas de análisis avanzado y de inteligencia artificial» para modernizar la Plataforma de Contratación y la Base Nacional de Datos de Subvenciones.

Respecto a los apoyos con los que cuenta el Gobierno para aprobar definitivamente estas medidas, Montero se ha mostrado confiada, al menos en lo que respecta a la nueva Agencia Independiente de Integridad Pública y espera que se haga realidad antes de que termine la legislatura en el año 2027.

Según ha expresado, existe unanimidad entre las formaciones con representación parlamentaria para crear este nuevo organismo y así quedó constatado en la ronda de contactos que mantuvo el Gobierno con los grupos sobre medidas anticorrupción.

Si todo va según lo previsto, el Gobierno espera aprobar la medida de nuevo en el Consejo de Ministros en el primer trimestre del año «antes de las vacaciones» de Semana Santa para iniciar la tramitación parlamentaria justo a continuación.