
Comunicación más ágil de accidentes laborales, objetivo del acuerdo entre Junta y Fiscalía, que apremia a mejorar cifras
Publicado 23 Mar 2026 14:17
Page reconoce que hay demasiada siniestralidad y aboga por la armonización de la justicia a nivel nacional
Mayor agilidad en la comunicación de accidentes laborales, más coordinación e incremento de recursos para formación son los puntos principales del acuerdo que ha suscrito este lunes el Gobierno regional con la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha, un compromiso que conlleva estas novedades desde el suscrito entre ambas administraciones en 2007.
Así lo ha explicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, junto al presidente regional, Emiliano García-Page, y al fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, que ha apremiado a mejorar estas cifras de siniestralidad laboral, ante las que no cabe mostrar satisfacción.
Como novedad se establece un plazo de 48 horas desde que se comunica el accidenta mortal en el sistema Delta del Ministerio de Trabajo hasta que se traslada a la Fiscalía, con lo que se intentará «tener mucha mayor agilidad e inmediatez en nla reciprocidad de la información».
Se establece «un expediente único y compartido» en el que trabajan todos los agentes implicados en el accidente laboral, lo que va a permitir colaborar de una forma más coordinada, tal y como ha explicado Franco.
Se impulsará la formación, al asesoramiento y la coordinación en los técnicos de prevención de la Administración regional y con la Inspección de trabajo, y con todos los fiscales que aborden esta especialidad.
Además, se establece un técnico de seguridad y salud laboral, «el enlace por provincias»,
Por su lado, el fiscal superior de Castilla-La Mancha ha apremiado a mejorar las cifras de siniestralidad laboral en la región, por que no son «para estar satisfechos».
La región, ha afirmado, está «a la cabeza de la siniestralidad laboral» a nivel nacional, contabilizando 48 accidentes con víctimas mortales en 2025 –diez menos que el año anterior–.
Se traduce en que un trabajador fallece por accidente laboral «cada siete días y medio», unas cifras que hay que reducir, ha solicitado Fernández.
Por ello, se ha alegrado de que se materialice este acuerdo con «un perfeccionamiento en el intercambio de información», pues en ocasiones, a la Fiscalía se le «escapan» las informaciones en relación a las actas administrativas de la Inspección de Trabajo y en relación a las infracciones graves reguladas por la ley de prevención de riesgos laborales.
Por su lado, García-Page ha señalado que, aún habiendo avanzado mucho en esta materia, «hoy sigue habiendo demasiada siniestralidad», porque la conclusión es que «una parte importante sería evitable», aunque ha afirmado que «la accidentalidad cero es muy complicado de imaginar».
Ha valorado el acuerdo en cuanto a las medidas que se tomen, porque «cuanta más coordinación y más colaboración», mejor para las administraciones que lo suscriben.
Durante su intervención, ha incidido en la importancia de conseguir un buen funcionamiento del poder judicial y ha abogado por plantear al Estado «una armonización» de este ámbito, para «que no existan distintas velocidades en la administración de justicia» y en concreto, en relación a los medios materiales.
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