C-LM sacará a información pública la primera semana de julio el borrador de decreto que regulará plantas de biometano

TOLEDO 30 Jun. –

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto sacar a información pública, en la primera semana de julio, el borrador de decreto que regulará la instalación de plantas de biometano en la Comunidad Autónoma.

Así lo ha avanzado este martes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras una rueda de prensa donde ha sido preguntada por las reuniones que, sobre este tema, ha mantenido recientemente con las plataformas Stop Biometano CLM y Stop Ganadería Industrial.

Según ha dicho, las diferentes plataformas han hecho sus consideraciones a este texto y las ha invitado a que, cuando el texto salga a información pública, que hagan también aquellas «que estimen conveniente para mejorar el mismo, porque entre todos se nos ocurrirá algo para mejorarlo», ha comentado.

Dicho esto, ha reiterado que no se puede «coartar» la decisión empresarial y que «resulta necesario el tratamiento de más de 15 millones de toneladas de materia orgánica que generamos» en la Comunidad Autónoma entre alpechines, alperujos, pinazas, estiércoles ganaderos, lodos de depuradora o pajas «que no pueden ir al vertedero» porque «está completamente prohibido» por la UE.

«En estos momentos, al no tener posibilidades de ser tratados y valorizados, pues evidentemente se está incumpliendo esa legislación», ha admitido Gómez, quien ha señalado que ese futuro decreto –que actualmente está en fase de borrador interno y que convertirá a esta en la única región que va a legislar al respecto– busca «ser garantistas y rigurosos con la instalación de este tipo de plantas».

A juicio del Gobierno castellanomanchego, estas plantas «vienen a desarrollar una actividad económica útil para, precisamente, valorizar y eliminar esta materia orgánica, pero evidentemente necesitan de una regulación específica».

Una vez culminado el previo proceso participativo –hasta el 3 de julio– se abrirá ese periodo de información pública durante 30 días, en los que van a poder presentarse alegaciones al texto, que mientras esté en fase de borrador dará «un periodo de adaptación a todos estos proyectos para que puedan cumplir los requisitos que vamos a establecer».

En el caso de que no se cumplan –incluido el que tienen que solicitar a los plenos de los ayuntamientos tener un certificado favorable de que se quiere ese municipio que se instale una planta de este tipo en su término municipal–, «esos proyectos decaerían», ha confirmado.

Mientras dure ese periodo de adaptación «no va a haber ninguna aprobación de ninguna planta», ha subrayado la consejera de Desarrollo Sostenible, quien también ha defendido que la cantidad de materia orgánica que se recoja por parte de una planta deberá venir, al menos en el 80% de esos recursos, de 35 kilómetros a la redonda de donde está situada la planta y solo el 20% podrá venir fuera de ese ámbito.

Igualmente, se va a dar prioridad a los proyectos que vengan de la mano de una industria agroalimentaria o de una industria ganadera «que necesite de este tipo de plantas para eliminar sus propios residuos que genera».