Ayuntamientos tendrán poder de decisión sobre plantas de biometano tras aprobarse una modificación legislativa

TOLEDO 16 Jul. –

La polémica provocada por la proliferación de proyectos de plantas de biometano en numerosos municipios de Castilla-La Mancha ha desembocado este jueves en una modificación de la legislación ambiental autonómica que permitirá a los ayuntamientos frenar la tramitación de instalaciones con las que no estén de acuerdo, que ha quedado aprobada con el voto de la mayoría socialista y el voto en contra de PP y Vox.

Las Cortes regionales han debatido la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para modificar la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, una reforma que obligará al pleno de cada municipio afectado a pronunciarse expresamente sobre la conformidad o no de la implantación de plantas de biometano en sus correspondientes términos municipales.

El cambio ha sido posible con los votos a favor del Grupo Socialista

Durante la presentación de la modificación legislativa, el diputado socialista Francisco Barato ha explicado que la proposición introduce ocho modificaciones en la ley regional.

Cinco de ellas están dirigidas específicamente a reforzar el papel de las entidades locales, tanto cuando el ayuntamiento tenga competencias para autorizar un proyecto como cuando la instalación se ubique en su término municipal o condicione directamente a la localidad.

Hasta ahora, los consistorios participaban principalmente mediante informes relativos a la compatibilidad urbanística o a otras cuestiones técnicas. Con la reforma, además de esos informes, el pleno municipal deberá fijar una posición expresa.

Cuando el ayuntamiento manifieste su conformidad, el procedimiento podrá continuar. Cuando rechace el proyecto mediante una decisión motivada, la tramitación finalizará y la instalación no podrá ejecutarse en los términos planteados.

Barato ha sostenido que el cambio permitirá pasar de una participación meramente informativa a una intervención municipal «clara, formal y efectiva».

«El ayuntamiento no se limita a ser informado o consultado, sino que fija una posición institucional que produce efectos», ha explicado Barato, quien ha resumido el nuevo procedimiento en una conformidad que permite continuar la tramitación o una negativa motivada que provoca su finalización.

El parlamentario socialista ha defendido que sean los municipios que tendrán que convivir con el tráfico, los accesos, los olores, el impacto sobre el territorio y los posibles efectos sobre la agricultura o la ganadería los que tengan capacidad para pronunciarse.

Barato también ha reprochado a PP y Vox que no hayan presentado propuestas para modificar el texto y les ha acusado de contradecir las posiciones que mantuvieron durante el debate celebrado en mayo, cuando ambos grupos reclamaron una mayor participación de los consistorios.

En el caso del PP, ha recordado que diferentes alcaldes ‘populares’ se han opuesto a proyectos de biometano y han reclamado autonomía municipal.

También ha citado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina, gobernado por PP y Vox, como ejemplo de consistorio que se habría mostrado favorable a reforzar la capacidad de decisión local.

EL PP ACUSA DE UTILIZAR A ALCALDES COMO «ESCUDO POLÍTICO»

El diputado del Partido Popular Santiago Lucas-Torres ha acusado al Gobierno regional de intentar desprenderse de sus responsabilidades y trasladar el conflicto generado por las plantas de biometano desde Toledo hasta los 919 municipios de Castilla-La Mancha.

A su juicio, la evaluación ambiental es una competencia autonómica y debe ser asumida por los funcionarios y técnicos de la Junta, en lugar de dejar la decisión final en manos de alcaldes y concejales que pueden carecer de medios técnicos suficientes y verse sometidos a presiones vecinales.

Lucas-Torres ha afirmado que la Junta pretende que los ayuntamientos sean quienes asuman el desgaste de votar a favor o en contra de inversiones que generan controversia social, utilizando a los alcaldes como «escudo político».

El parlamentario del PP también ha denunciado una supuesta contradicción en el texto. Según ha expuesto, un ayuntamiento podría rechazar un proyecto, pero el Consejo de Gobierno tendría la posibilidad de permitir su desarrollo si lo declara inversión estratégica.

También ha criticado que la proposición haya llegado directamente al pleno sin haber sido analizada previamente en comisión y ha considerado que la mayoría de los municipios de la región no dispone de personal ni de recursos para asumir las nuevas responsabilidades.

VOX DENUNCIA EL AUMENTO DE LA BUROCRACIA

Desde Vox, el diputado Francisco José Cobo ha acusado al PSOE y a la Consejería de Desarrollo Sostenible de poner en riesgo la seguridad y el control de las declaraciones de impacto ambiental.

El diputado de Vox ha advertido además de que la reforma puede provocar una «triplicidad», al coexistir la documentación aportada por el promotor, los informes técnicos municipales y la evaluación realizada por la Junta de Comunidades.

A su juicio, la modificación generará «más burocracia» y no resuelve determinadas situaciones, como la de un proyecto que afecte a dos municipios y obtenga el respaldo del pleno de uno de ellos y el rechazo del otro.

LA JUNTA DEFIENDE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional, Mercedes Gómez, ha cerrado el debate defendiendo que la reforma pretende reforzar la autonomía local y garantizar que los municipios puedan decidir si aceptan o rechazan la implantación de una planta de biometano en su término municipal.

Gómez ha rechazado que los ayuntamientos vayan a quedar desamparados y ha recordado que podrán contar con el asesoramiento de las diputaciones provinciales y del propio Gobierno de Castilla-La Mancha para estudiar los proyectos y resolver sus dudas.

«No entiendo su posicionamiento», ha señalado Gómez a PP y Vox, antes de asegurar que la modificación no es inconstitucional y que numerosos ayuntamientos estaban esperando una iniciativa de estas características «como agua de mayo».