Gobierno y CCAA acuerdan repartir 35 millones para menores migrantes con ausencia de Vox y abstención de Murcia

MADRID/TOLEDO 16 Jul. –

El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas han acordado este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de 35 millones de euros para la acogida de menores migrantes no acompañados, con la ausencia de Castilla y León, Aragón y Extremadura, consejerías de Vox, y la abstención de Murcia.

En concreto, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha abordado la creación de un registro unificado de datos para hacer frente a las violencias contra la infancia, el reparto de los 35 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para atender a la infancia migrante no acompañada y el proyecto Barnahus, que atiende a niños víctimas de violencias sexuales.

Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, Cataluña, La Rioja, Murcia, Canarias, la Comunidad de Madrid y Ceuta han acudido a la convocatoria en el Ministerio de Política Territorial de manera telemática. Mientras, las comunidades restantes han participado de manera telemática, a excepción de Castilla y León, Aragón y Extremadura que no han asistido.

«La ausencia de los consejeros de Vox es irrelevante en cuanto al transcurso de la reunión, pero demuestra su falta de interés por los derechos de la infancia y su nula voluntad de trabajar. Esta es la realidad de un partido político que se dedica a lanzar eslóganes racistas, pero no da un palo al agua», han asegurado fuentes del departamento dirigido por Sira Rego.

En este sentido, la ministra Rego, en declaraciones a medios tras la reunión ha arremetido contra los consejeros autonómicos de Vox en Castilla y León, Aragón y Extremadura por no acudir a la Conferencia Sectorial y ha preguntado al líder del PP Alberto Núñez Feijóo si es un gesto de «absentismo laboral» o «pura vagancia y desinterés».

En cuanto a la aprobación del reparto de los 35 millones de euros, pese a matizar que el punto generó «bastante ruido» y acusar al PP de estar «copiando la agenda de políticas racistas», la ministra ha celebrado que la asignación presupuestaria fuera aprobada con el voto favorable de la práctica totalidad de las comunidades y la única abstención de Murcia.

En este contexto, Rego ha tildado de incongruente la postura de la Comunidad de Madrid al tildar de «insuficiente» la financiación asignada: «Lo que no es consistente es venir a una Conferencia Sectorial a pedir más financiación mientras se vota en contra de las medidas que aumentan la financiación autonómica», ha reprochado, recordando el rechazo del PP al techo de gasto o la quita de deuda.

REGO DICE QUE MADRID SE NIEGA A DAR DATOS

Además, la titular de Infancia ha revelado que la Comunidad de Madrid «se niega sistemáticamente» a transferir los datos sobre los menores atendidos en su sistema de acogida, a pesar de que los informes reflejan «un 30% menos de niños migrantes no acompañados» en la región a lo largo del año. «Es muy difícil trabajar cuando hay comunidades autónomas que se niegan a dar la información», ha denunciado.

Por otro lado, la ministra ha destacado el «avance» en el despliegue del Registro Unificado Central de Violencias contra la Infancia, un «instrumento muy potente», con una «complejidad grande» que centralizará datos de las diferentes instituciones para dar una «imagen fiel» e intervenir en la erradicación de la violencia contra la infancia. Rego ha confiado en que el mecanismo sea aprobado «en muy poquito tiempo» por el Consejo de Ministros.

De la misma manera, ha puesto en valor el proyecto de las ‘casitas’ Barnahus –espacios de atención integral y acompañamiento a víctimas infantiles de violencias sexuales–, que ya cuenta en la actualidad con 18 centros en todo el Estado (14 de ellos en Cataluña).

«Se ha demostrado que es un instrumento eficaz, primero para acompañar a niños y niñas y sobre todo con esta perspectiva de infancia en la justicia que nos parece absolutamente clave y que evita la revictimización», ha explicado la ministra.

CANARIAS PIDE AUMENTAR LOS FONDOS

Por su parte, la consejera de Canarias, Candelaria Delgado, y la de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, han ofrecido declaraciones a medios también tras el encuentro. La primera de ellas ha reclamado que aumenten los fondos para atender a los menores migrantes no acompañados y que se mantenga la declaración de contingencia migratoria en el archipiélago.

Para Delgado, la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado no puede ser un obstáculo y ha recordado que el Gobierno central ha incrementado recientemente los fondos para dependencia. Además ha indicado que hay otro «antecedente», ya que para la aplicación de la modificación de la Ley de Extranjería se aplicó una aportación extraordinaria de 100 millones de euros para la atención a los menores migrantes en todas las comunidades autónomas.

Delgado ha afirmado también que Canarias «sigue cumpliendo» con estar en la emergencia y en la contingencia migratoria pues supera «en tres veces» el reparto obligatorio que se ha fijado en 783 menores.

También ha reconocido que se ha aliviado la presión en los centros de menores de las islas porque en el último año se ha trasladado a unos 900 más los que dejan la red porque cumplen la mayoría de edad pero las cifras «eran muy altas».

Por otro lado, ha preguntado a la ministra Sira Rego «cómo se va a actuar en la defensa de los intereses de los menores migrantes no acompañados» ante la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo ya que la figura del «defensor de los derechos del menor» tiene que estar presente en el momento en que una patera llega a las costas.

MEDIDAS «ABSOLUTAMENTE IMPROVISADAS»

Por la Comunidad de Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha acusado al Gobierno de España de carecer de un plan para atender a los menores migrantes no acompañados y de aplicar medidas «absolutamente improvisadas» mediante «repartos forzosos», criticando además que la financiación acordada es «absolutamente insuficiente».

«El Gobierno de España lo que quiere es utilizar a estos menores con un mero interés político, excluyendo del reparto deliberadamente a comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña», ha aseverado, tildando la gestión estatal de «caótica y absolutamente deshumanizada».

En este contexto, la consejera madrileña ha rechazado la política migratoria actual al considerar que mantiene a los menores «en manos de las mafias del tráfico de personas», y ha cargado contra el Gabinete central: «No se me ocurre, desde luego, nada más racista que el Gobierno de España siga con esta política migratoria del caos que utiliza a las personas como paquetes».

Respecto a la asignación presupuestaria aprobada en la reunión –un total de 35 millones de euros para toda España, de los cuales a la Comunidad de Madrid le corresponden unos 3,6 millones–, Dávila ha explicado que la región ha votado a favor únicamente para no perder la financiación. Si bien, ha recalcado que son cuantías «congeladas» debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.