
El secretario general de CCOO, Unai Sordo
Publicado 15 May 2025 10:54
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha abogado este jueves por el hecho de que España recupere los servicios públicos clásicos, al tiempo que ha demandado una política «seria» de vivienda y no dar marcha atrás con las energías renovables.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios momentos antes de participar en el XI Congreso Regional de CCOO Castilla-La Mancha donde ha manifestado que el país tiene que recuperar los servicios públicos que tienen que fortalecer el estado de bienestar en los años que están por venir.
«Creo que el gran riesgo que tenemos ahora mismo de privatización parcial de los servicios públicos tiene que ver con una apuesta política en muchas comunidades autónomas por deteriorar su calidad para empujar a la gente a que tenga que buscar aseguramientos privados y para extraer rentas de las familias y pasarlas a las empresas, con lo que luego las administraciones públicas conciertan servicios de sanidad, de educación, sistemas de pensiones privados», ha manifestado.
Por tanto, ha reivindicado la recuperación de «un contrato social para el siglo XXI» con la premisa de reforzar esos servicios públicos e incluir todo lo que tiene que ver con los cuidados a las personas dependientes, «algo que en este momento es determinante», ha añadido.
A ello ha añadido que España «se tiene que atrever» a hacer una política seria de vivienda con un acceso «en condiciones asequibles» para el conjunto de la ciudadanía, ya que empieza a ser «el principal problema económico, además de social, que tiene nuestro país».
«Hoy hay empresas que no están tomando decisiones de inversión porque saben que para contar con trabajadores necesitan pagar unos salarios que finalmente se trasladan a rentas inhumanas de alquileres o de hipotecas que son absolutamente salvajes. Y el sector inmobiliario y los precios de la vivienda son un lastre para la economía real y para la economía productiva», ha subrayado.
Por último, ha señalado que España está en disposición de alcanzar el pleno empleo en los próximos años si finalmente se despliegan «de forma definitiva y si dar marcha atrás» todas las energías renovables y si se consigue fijar «un precio de la energía barato y un suministro garantizado que atraiga inversión productiva e inversión industrial en el país».
Para Sordo, España tiene que aspirar a sobrepasar el 20 por ciento del PIB industrial porque esto la llevará en los próximos años al pleno empleo. «Y el precio de la energía es el gran factor de competitividad que puede tener la economía española si despliega definitivamente las energías renovables», ha añadido.
Un pleno empleo y una reindustrialización del país que, bajo su punto de vista, tiene que reequilibrar territorialmente España porque el precio de la energía puede atraer inversión industrial, «y el gran objetivo país es alcanzar en cinco años el pleno empleo y dar un salto en inversión productiva porque creo que lo podemos hacer y para eso no se puede dar ninguna marcha atrás en el despliegue de la energía renovable», ha insistido.
Por último, preguntado por las críticas de la patronal a la reducción de la jornada laboral, Sordo ha señalado que el pronóstico de los empresarios sobre este tipo de medidas siempre era que iban a ser contraproducentes para las empresas.
«Afortunadamente se ha demostrado que todos estos pronósticos no eran nada científicos, eran pura ideología y en este caso –el de la reducción de jornada– es exactamente lo mismo», ha indicado, para agregar que «España no puede seguir basando su modelo económico en la precariedad laboral y salarial, en jornadas interminables, en horas extras que no se pagan y en horas extras que no se cotizan».
Es por ello por lo que ha indicado que las empresas en España y en Castilla-La Mancha, para ser rentables y productivas, «tienen que aspirar a parámetros distintos, a trabajar mejor, a digitalizar o a pagar menos por la energía». «Ese es el gran reto», ha agregado.
Así, ha afirmado que el país necesita empresarios que miren al siglo XXI y no al siglo XIX. «Creo que España, 42 años después, está en disposición de reducir la jornada laboral, que es algo que ya hemos hecho con los convenios colectivos en parte, pero que ahora tiene que acompañar la ley para que llegue también a los sectores más débiles que no han podido reducir la jornada a través de los convenios», ha zanjado.
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