Plataforma de Residencias de Mayores y Diputación de Ciudad Real piden a la Junta apoyo a los recursos municipales

La Plataforma de Residencias de Mayores de Castilla-La Mancha, que aglutina a 7 ayuntamientos que gestionan residencias de la Tercera Edad en la provincia, se ha dirigido a la Diputación de Ciudad Real con el objetivo de recabar su colaboración para lograr que la Junta apoye económicamente en la misma medida a las residencias de mayores que dependen de consistorios y a las concertadas, puesto que prestan el mismo servicio a los usuarios.

El presidente de la Institución provincial, Miguel Ángel Valverde, ha transmitido a la Plataforma que ya ha mantenido converaciones con el líder del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, durante una reunión mantenida en el Palacio de Fuensalida, según ha informado la Diputación mediante nota de prensa. Asimismo, ha trasladado que en dicho encuentro obtuvo el compromiso de revisar la ayuda que presta el Ejecutivo autonómico a las plazas convenidas con los ayuntamientos.

A la Plataforma de Residencias de Mayores de Castilla-La Mancha están adheridos 29 ayuntamientos, de los que 7 pertenecen a la provincia de Ciudad Real y reúnen un total de 205 plazas convenidas en las localidades de Abenójar, Almadén, Bolaños de Calatrava, Membrilla, Moral de Calatrava, Puebla de Don Rodrigo y Porzuna. Entre todas genera un total de 162 puestos de trabajo, de los que aproximadamente un 95 por ciento son desempeñados por mujeres.

En la provincia existen, además, otras cinco residencia de mayores gestionadas por los ayuntamientos de Aldea del Rey, Chillón, Cózar, San Carlos del Valle y Villamanrique, por lo que en el territorio ciudadrealeño hay 287 plazas convenidas. Y alrededor de 230 personas, de forma mayoritaria mujeres, prestan servicio en el conjunto del territorio provincial.

La plataforma defiende que la equiparación del montante económico que aporta la Junta por usuario al mes, señalando que en la actualidad existe una diferencia de 205 euros entre las plazas convenidas y las concertadas.

Los ayuntamientos, según ha defenduido la Plataforma, no exigen la asignación de una cuantía mayor de recursos de manera arbitraria, sino porque consideran que se está poniendo en grave riesgo la prestación del servicio.