Mercedes Gómez aclara a STOP Biometano que los ayuntamientos podrán decidir si quieren instalar plantas en sus núcleos

Contesta a las plataformas y justifica el plan del Gobierno: «Hay una revolución energética, tenemos que aumentar nuestra autonomía

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha dado respuesta por carta a las peticiones de las plataformas ciudadanas STOP Biometano aglutinadas en la región, una misiva en la que pretende aclarar las circunstancias del Plan Regional de Biometanización que el Gobierno autonómico está tramitando con horizonte 2030.

Así, mostrando el «máximo respeto» por las aportaciones presentadas en los procesos de participación pública de este plan, ha precisado que su departamento ha dado respuesta a cuestiones como la ampliación de la distancia mínima a núcleos poblacionales de las plantas, la ubicación de las mismas, la distancia mínima entre plantas o sobre el rechazo vecinal en algunas áreas.

Gómez, que apunta a que las cuestiones planteadas ya están contestadas, admite que «cada una de ellas daría para un debate amplio y muchas veces no concluyente», si bien en todo caso apuntala que las tramitaciones de las plantas han de someterse «a una tramitación ambiental muy rigurosa».

«Se les exige de manera adicional requisitos que se encuentran detallados en el Plan Regional, entre los que podemos destacar distancias a viviendas, transporte y almacenamiento de los residuos orgánicos y zonas con protección ambiental. Asimismo en el trámite de Información Pública y Consultas a las Administraciones Interesadas, todas las personas o instituciones que aporten información sobre los problemas que estas instalaciones puedan producir al medio ambiente o a la salud de las personas serán tenidos en cuenta para autorizarlas o no de una manera definitiva», señala la titular de Desarrollo Sostenible.

Precisa la consejera que los ayuntamientos afectados tienen que elaborar dos informes, uno de compatibilidad urbanística y otro sobre la afección socioeconómica y los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto que busca implantarse en su término municipal con otras actividades y proyectos relevantes que se realizan en el municipio y que pudieran verse afectadas.

Además, una vez finalizada la tramitación ambiental, deberá conceder la licencia de obra y licencia de actividad, si la instalación cumple con los requisitos establecidos en la regulación municipal. «Por tanto, la autonomía local para decidir sobre su propio desarrollo queda absolutamente salvaguardada en todo momento».

El Plan, además, recoge distancias a las poblaciones junto a la obligación de presentar un estudio odorífero que garantice que los posibles olores y emisiones que puedan generarse en la planta no llegan a las poblaciones limítrofes.

«También se les exige que, para evitar posibles molestias y olores, los residuos se almacenen en recintos cerrados, con presión negativa y biofiltros. Así como el establecimiento de rutas que eviten que los vehículos de transporte atraviesen poblaciones», añade a esto.

Sobre la emisión de gases, «se lleva a cabo un control riguroso de las emisiones de metano y otros gases, ya no solo por los requisitos medioambientales y sanitarios exigidos en su autorización, sino porque su comercialización es uno de los ingresos más importantes de estas plantas».

Por eso, en dichas plantas no se expone a las personas «a gases tóxicos, contaminantes, ni a aerosoles con patógenos», en contra de lo que argumentaban las plataformas.

Por último, para evitar al emisión de amoníaco se establece en el plan, como medida preventiva, «el cubrimiento total de balsas para prevenir la emisión de este gas» y se establece que los sustratos líquidos se almacenarán en un tanque hermético con sistemas cubiertos.

Para despejar dudas al respecto del digestato producido en la gestión de los residuos, expresa Mercedes Gómez que «basta con comprobar que los digestores funcionan con bacterias vivas y que si los subproductos empleados para producir biogás tuvieran ese tipo de sustancias, se morirían e impedirían el funcionamiento de estas plantas».

Termina la consejera hablando de la Guía de Buenas Prácticas para la Implantación de Proyectos de Biogás y Biometano elaborada por el IDAE, con siete líneas fundamentales, empezando por el «diálogo, transparencia, comunicación y participación ciudadana» para fomentar procesos abiertos que garanticen al implicación de al población local desde las fases iniciales.

Compromiso medioambiental, beneficios para la comunidad, emplazamiento adecuado de las plantas, gestión eficiente de los residuos y almacenamiento seguro de materias primas, gestión eficiente del digerido y seguridad y control son otros de los epígrafes que aclaran estas buenas prácticas.

«Estamos asistiendo a una revolución energética y económica, con un contexto geopolítico incierto que nos hace tener que aumentar nuestra autonomía energética y respecto al uso de fertilizantes orgánicos. Vamos a seguir trabajando para que Castilla-La Mancha consiga este doble objetivo siempre con las máximas garantías de seguridad y bienestar para su gente y su medio ambiente», remata.