Más de 100 científicos piden por carta a CCAA y MITECO no permitir la caza del lobo y que vuelva al LESPRE

MADRID/TOLEDO 22 Jul. –

Un total de 116 científicos han firmado una carta impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en favor de la protección del lobo por la que señalan a las comunidades autónomas con poblaciones de lobos y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que el lobo en España se encuentra en estado de conservación desfavorable, que su caza no debe permitirse y que se debe mantener en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

En concreto, los profesionales han recalcado que la evaluación del estado de conservación del lobo ibérico debe considerar la totalidad de la población ibérica, compartida por España y Portugal, y no centrarse en visiones «aisladas». Asimismo, han respaldado la propuesta del Gobierno de establecer 500 manadas como el umbral mínimo para garantizar la viabilidad a largo plazo de la especie.

Según explican, esta cifra se basa en un reciente informe solicitado por la Comisión Europea a la Iniciativa para los Grandes Carnívoros de la UICN, «considerado el mejor método disponible para valorar el estado de conservación de grandes carnívoros en Europa».

Al margen de ello, han advertido de que los lobos ibéricos ocupan un área de distribución mucho menor de la que ocupó en el pasado reciente y que las poblaciones más meridionales han desaparecido. A su vez, han apuntado a que la tasa de crecimiento de lobos registrada en el último censo en España –un 12%– es «cinco o seis veces inferior» a la registradas en otras poblaciones de lobos en Europa.

En su carta, los firmantes también indican que la especie se sigue enfrentando «graves amenazas» y enumeran, por ejemplo, la pérdida de diversidad genética, ya que la población ibérica presenta la menor variabilidad genética de todos los lobos europeos; o una elevada mortalidad, «debida tanto a la persecución ilegal como a la posible reactivación de su caza legal».

«Que las decisiones sobre conservación de la naturaleza deben basarse en el principio de precaución y en la mejor evidencia científica disponible, y no estar condicionadas por intereses económicos o políticos», han destacado los científicos.