Los rectores, preocupados por la «viabilidad económica» del Estatuto del Becario, piden un compromiso para asumir costes

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha mostrado su preocupación por la «viabilidad económica» de las medidas incluidas en el Estatuto del Becario, que aprobará este martes el Consejo de Ministros.

«No podemos obviar la preocupación por la viabilidad económica de estas medidas si no se garantiza de manera efectiva la corresponsabilidad de todos los agentes implicados», ha señalado este lunes la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón Soler, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Alcón ha recordado la experiencia con las cuotas de la seguridad social «asumidas por las universidades sin corresponderles directamente»: «Nos obliga a ser prudentes».

Para la presidenta de la CRUE, resulta «imprescindible» un compromiso firme del sector empresarial y de las administraciones públicas para asumir los costes derivados, «dado que buena parte de las prácticas se desarrollan en el sector público».

«De lo contrario, se corre el riesgo de comprometer la continuidad de un modelo de prácticas formativas que ha demostrado ser esencial y exitoso para la formación del estudiantado en España», ha advertido.

Desde CRUE apoyan «de manera clara» cualquier avance normativo que refuerce la protección de los derechos del estudiantado. En este sentido, los rectores valoran positivamente medidas contempladas en el Estatuto del Becario como el derecho a la compensación de gastos, la posibilidad de interrumpir las prácticas por enfermedad o cuidados sin que ello afecte a la evaluación, o el acceso a los mismos servicios que el personal de la empresa.

«Son avances significativos que responden a demandas legítimas y que, como universidades, compartimos y respaldamos», ha manifestado la presidenta de la entidad.

El Consejo de Ministros aprobará este martes la Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos, según han informado a Europa Press fuentes de este Departamento.

La norma, que deberá ser aprobada por las Cortes Generales al tener rango de ley, ha generado discrepancias internas en el Gobierno entre el PSOE y Sumar. En este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reconocía que, aunque había «un acuerdo de diálogo social», existían «discrepancias» con el PSOE para su aprobación.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social sacó a mediados de diciembre a audiencia pública, un año y medio después firmar su acuerdo con los sindicatos, el anteproyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa.

La ley, que no contó con la participación de la comunidad universitaria según denunciaron los rectores, recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.

El objetivo de este anteproyecto de ley es determinar los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito de la empresa, así como desarrollar el régimen jurídico que los ordena.