La modificación del Estatuto de Personas Consumidoras suma 14 enmiendas, pero deja fuera regular la publicidad sanitaria

TOLEDO 11 Mar. –

El texto de la modificación de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha que tramitan las Cortes regionales va a sumar 14 enmiendas, 8 de ellas transadas entre PSOE, PP y Vox, pero dejará fuera la regulación de la publicidad sanitaria que reclaman los ‘populares’.

Así se ha decidido en la Comisión de Sanidad celebrada este miércoles en las Cortes regional, que ha rechazado 13 enmiendas de Vox y cuatro del PP, y ha aprobado las cinco del PSOE, una de ellas transada.

La mayoría socialista ha dejado fuera del texto la enmienda del PP, que, según ha explicado su portavoz, Juan Antonio Moreno Moya, exige garantizar en la región una publicidad sanitaria «veraz», información sobre los tratamientos y precios de esas prestaciones y que la administración refuerce el control sobre practicas engañosas.

El portavoz del PSOE en dicha comisión, Ángel Tomás Godroy, ha explicado que el objetivo de la modificación de esta ley pasar por adaptar la normativa autonómica a la legislación básica estatal y a la jurisprudencia constitucional, fundamentalmente «para generar seguridad jurídica».

Según ha defendido el parlamentario socialista, con esta modificación también se pretende clarificar determinados tipos de infracciones, evitando conceptos jurídicos ambiguos, así como actualizar el funcionamiento del sistema de inspección y sanción en materia de consumo.

Dicho esto, ha abundado en que la parte más amplia de la reforma afecta al régimen sancionador de la ley, modificando artículos con un nuevo modelo que establece que las infracciones y sanciones se regirán principalmente por la regulación estatal básica en consumo.

El Grupo Parlamentario Popular, por boca de su portavoz, Juan Antonio Moreno Moya, ha puesto especial énfasis en la enmienda rechazada que proponía, por medio de una disposición adicional a la ley, regular la publicidad sanitaria, una cuestión, ha defendido que responde a «las preocupaciones de profesionales sanitarios».

Según Moreno Moya esta enmienda, junto a otra que también ha sido rechazada, «vienen a cubrir la ausencia de una ley de publicad sanitaria, que el Ejecutivo regional «lleva retrasando cinco años».

De ahí que haya incidido en la necesidad de acometer medidas específicas en el ámbito de consumo orientadas a reforzar la transparencia, la coordinación administrativa y la protección de los colectivos más vulnerables frente a posibles prácticas publicitarias engañosas.

Entre las mejoras al texto, el PP también ha propuesto que las entidades que operen en Castilla-La Mancha garanticen mecanismos accesibles de información a las personas consumidoras sobre la cesión de sus créditos cuando esta afecte directamente a la gestión ordinaria del contrato o a los canales de interlocución existentes.

«Esta enmienda responde a una preocupación real de miles de consumidores, especialmente en el ámbito de créditos hipotecarios o préstamos cedidos a fondo de titularización o entidades intermediarias», ha defendido el diputado ‘popular’.

Mientras, el diputado de Vox Iván Sánchez ha justificado las 14 enmiendas de su grupo a la modificación de la Ley de Consumidores asegurando que «da menos garantías para el consumidor y más poder sancionador para el PSOE».

De ahí que haya insistido en que esta materia debería abordarse mediante una regulación estatal uniforme para toda España, que evite diferencias entre territorios que puedan derivar en sanciones arbitrarias y defendiendo que «no se puede tratar igual a una gran empresa que a una pyme o a un autónomo».

Para enriquecer el nuevo texto, Sánchez ha sugerido que las administraciones públicas regionales garanticen la atención presencial de los administrados de más edad, menor renta y/o que viven en municipios de menor tamaño.

También ha propuesto que el órgano autonómico competente en materia de consumo sancione conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de las personas consumidoras, para lo que ha reclamado medios suficientes.

Tampoco ha prosperado la enmienda con la que Vox pedía evitar que se eliminase la obligación de generalmente una entidad bancaria o un fondo, de informar al consumidor deudor cuando un acreedor, generalmente una entidad bancaria o un fondo, cede el crédito, denunciando que el Gobierno regional, que se apoya en posibles conflictos competenciales y su encaje con la normativa europea, «deja al consumidor desamparado».

De las 14 mejoras que han presentado a la revisión del Estatuto de las Personas Consumidoras, tan solo ha prosperado una, que ha sido transada. El resto, se mantiene ‘vivas’ para su debate en pleno.