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Publicado 15 Jul 2025 12:42
TOLEDO 15 Jul. –
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha calificado de «trampatojo ambiguo e injusto» el «cupo catalán», en referencia a la financiación singular para Cataluña pactada entre el Gobierno y la Generalitat, y considera que es «urgente», no para después del verano, sino «en los próximos días», que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
En rueda de prensa desde el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, el titular de las finanzas castellanomanchegas se ha referido de esta manera a la comisión bilateral Estado-Generalitat que se reunió este lunes en Barcelona, lamentando que con el documento pactado en este encuentro estén intentando «engañar» –ha subrayado– «haciéndonos ver lo que no es».
Un documento «ambiguo» –ha alertado– que pone de manifiesto que esa financiación singular para Cataluña no deja de ser «un cupo catalán, muy parecido en cualquier caso al que hay actualmente en el País Vasco y en Navarra», pero con «algunos matices», ha hecho hincapié el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con ese documento, ha detallado Ruiz Molina, Cataluña recaudaría todos los impuestos que se declaran en Cataluña y pagaría al Estado una parte o una cantidad en función de las competencias que el Estado ejerce en Cataluña.
«Si de por sí el sistema de financiación autonómica es complejo, imagínense también si nos tenemos que poner a discutir de qué manera técnicamente es posible determinar o territorializar los gastos que el Estado asume en cada una de las comunidades autónomas», ha abundado el consejero.
Dicho esto, Ruiz Molina ha criticado que en una reunión bilateral en el que solamente está una comunidad autónoma –Cataluña– se esté definiendo el sistema de financiación del resto de comunidades autónomas del régimen común. «Si el modelo que se puso ayer de manifiesto es tan bueno para todas las comunidades autónomas, hubiera sido mucho más leal que hubiéramos podido participar todas las comunidades autónomas», ha apostillado.
«A mí particularmente no me gustan los platos precocinados, a mí me gusta estar en los fogones junto a mis colegas de otras comunidades autónomas aún sabiendo lógicamente que discrepamos en algunos de los aspectos», ha apuntado el titular de Hacienda.
Dice el documento que ese modelo pensado para Cataluña es extrapolable al resto de las comunidades autónomas. «Imagínense que todas las comunidades autónomas, cosa que dudo que hiciéramos, pues nos acogiésemos a este modelo y en consecuencia pues eliminaríamos el papel que el Estado tiene sobre la redistribución de la renta y la cohesión territorial que son las dos competencias básicas que tiene el Gobierno central y para lo cual dispone de recursos para ellos».
Es decir, ha explicado Ruiz Molina, «convertiríamos al Gobierno central en otra comunidad autónoma que nos pediría al resto de comunidades autónomas los recursos necesarios para financiar aquellos gastos que son comunes como insisto sería la defensa, la seguridad o la política exterior».
«Asumir por parte de todas las comunidades autónomas el modelo que figura en ese documento tan amplio supondría, en definitiva, la desaparición del concepto de Estado», ha abundado el titular de Hacienda castellanomanchego.
«No nos pueden tomar por tontos a todas las comunidades autónomas, ha recalcado un Ruiz Molina, quien ha explicado que la clave está en la cuota de solidaridad y en el denominado principio de ordinalidad que figura –no en el texto– sino en el preámbulo de ese documento al que han tenido acceso a través de los medios de comunicación.
Un principio de ordinalidad que, según el consejero, «rompe» el principio, a su vez, de igualdad de oportunidades porque «estas oportunidades dependerá no de la situación del ciudadano, sino del lugar en el que viva».
«El objetivo de los independentistas no es tener más recursos, que eso es legítimo como tenemos o como estamos reclamando el conjunto de las comunidades autónomas, sino que quieren tener más recursos que los demás», ha puesto de manifiesto el consejero castellanomanchego.
Un consejero al que le hubiera gustado hablar del principio de ordinalidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que un modelo de estas características supone «trocear» la riqueza del país que, en lugar de estar al servicio del interés general, estaría al servicio de unos pocos.
En opinión de Ruiz Molina «no se puede negociar» la financiación de España con un partido, –los independentistas-, que lo que quieren precisamente es romper España. Por este motivo, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha consideran «urgente», no para después del verano, sino en los próximos días, que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
En cualquier caso, desde el Gobierno regional han rechazado cualquier acuerdo que defiende que quien más tiene, tiene derecho a mejores servicios públicos y un acuerdo que defiende que en España, con este modelo, «habría dos velocidades», la de las comunidades autónomas más ricas y la de las comunidades autónomas menos ricas.
Por ello, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha pretenden que el sistema de financiación garantice el principio de igualdad y que cada español y española tenga acceso a los servicios públicos con el mismo nivel de calidad independientemente de su capacidad económica e independientemente del lugar en el que resida.
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