El Gobierno transferirá cerca de 970 millones a las CCAA para la financiación del nivel acordado de la dependencia

MADRID/TOLEDO 6 Jul. –

El Gobierno transferirá a las comunidades autónomas 904 millones de euros para la financiación del nivel acordado de la dependencia, cifra que alcanzará esos 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra respectivamente.

Así lo ha anunciado este lunes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que llevará este lunes a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios como paso previo para que el Consejo de Ministros lo apruebe.

En este sentido, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha indicado que se trata, por segundo año consecutivo, de la cantidad más alta en la historia de esta partida que complementa la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada región conforme «al cumplimiento de objetivos como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector».

Asimismo, Derechos Sociales ha destacado que «este nivel acordado fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó entonces una senda de crecimiento que alcanza ya los 970 millones de euros actuales».

El pasado 23 de junio el Gobierno aprobó un real decreto-ley que supuso duplicar las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades por cada persona con un grado de dependencia reconocido.

El incremento del nivel acordado, junto a la ampliación del nivel mínimo que ha aprobado el Gobierno, supondrá que, en 2027, el Estado abonará un total de 7.239,4 millones de euros a las comunidades y alcanzará el 50% de la financiación en dependencia.

Según ha defendido el Ministerio, los gobiernos autonómicos podrán disponer ahora de «la mayor financiación de la historia» para la reducción y agilización de las listas de espera, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, el aumento y mejora de servicios a las personas en situación de dependencia, la inversión en tecnología, y la ampliación de la teleasistencia o de la atención a domicilio.

Derechos Sociales ha apuntado que «otro objetivo fundamental» de esta ampliación de la financiación del SAAD es «reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos para financiar los cambios estructurales que establece la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados».

La norma –ha detallado– traerá consigo nuevos modelos de convivencia colaborativa, y cuidados y apoyos en viviendas compartidas; productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de rueda eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, que se servirán mediante préstamo o cesión temporal; servicios de teleasistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo; extensión del servicio de ayuda a domicilio, para que las personas que reciben esta ayuda puedan ser acompañadas por sus cuidadoras en otras actividades como ir al médico o hacer la compra.