El Gobierno obliga a ayuntamientos a sancionar ya los incumplimientos en las Zonas de Bajas Emisiones

MADRID/TOLEDO 3 Nov. –

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación del real decreto que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE), según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Con la nueva regulación, las entidades locales obligadas a establecer estas zonas deberán acreditar que aplican un régimen sancionador efectivo, sin periodos transitorios que demoren su aplicación. La obligación de implantar ZBE afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire.

En concreto, los ayuntamientos tendrán que acreditar documentalmente que cumplen los requisitos de las ZBE. Para ello, deberán comunicar la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos en función de su potencial contaminante, así como la aplicación efectiva de los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento.

Asimismo, las ordenanzas municipales deberán recoger el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico y los ayuntamientos tendrán que aplicarlo sin recurrir a sistemas transitorios que retrasen su efectividad. Con ello, el Gobierno busca garantizar que las restricciones cuenten con mecanismos reales de cumplimiento y que su eficacia pueda evaluarse.

La modificación también pretende proporcionar una mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias y comprobar la eficacia de las ZBE. Esta evaluación podrá servir de referencia para los instrumentos de financiación destinados a impulsar la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

«Las zonas de bajas emisiones constituyen una de las principales herramientas para avanzar hacia modelos de movilidad más sostenibles, reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la salud pública y la calidad de vida en las ciudades. Su adecuada implantación contribuye también a fomentar los desplazamientos activos, recuperar espacio público y racionalizar el uso del vehículo privado», ha destacado Transición Ecológica.