El Gobierno aprueba el Plan de Educación Inclusiva 2026-2031 rechazado por las CC.AA. del PP y Canarias

Pretende impulsar la función de los centros de educación especial «como centros de referencia y apoyo para los ordinarios»

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031, que fue rechazado en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 18 de septiembre por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y la comunidad autónoma de Canarias.

«Se trata de una hoja de ruta que garantice que todos los niños y niñas puedan desarrollar plenamente sus capacidades con independencia de sus circunstancias personales», ha señalado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tiene como finalidad identificar y eliminar las barreras que dificultan el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje de los estudiantes, con independencia de sus circunstancias personales, familiares o sociales, según ha informado el Ministerio.

Entre las líneas de actuación se encuentra la colaboración de los centros de educación especial con los centros ordinarios. Además de continuar escolarizando al alumnado que requiera una atención muy especializada en los centros de educación especial, pretende impulsar la función de estos como centros de referencia y apoyo para los ordinarios.

Se contempla, asimismo, una organización «más flexible» de los apoyos y recursos específicos existentes en los centros ordinarios, de manera que se configuren como recursos complementarios y temporales al servicio del aula ordinaria, mediante el establecimiento de directrices claras que garanticen su vinculación efectiva y de calidad con la modalidad ordinaria de escolarización.

El plan también pone el foco en la equidad, promoviendo una escolarización equilibrada del alumnado y en la cohesión territorial, con especial atención a la prevención de la segregación escolar y la reducción de las desigualdades sociales y económicas.

Plantea, además, reforzar los apoyos en los centros educativos que afrontan mayores barreras contextuales, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que ningún estudiante quede atrás.

Entre los objetivos estratégicos figuran la prevención de la distribución desigual del alumnado y la garantía de una escolarización socialmente equilibrada, la promoción de culturas inclusivas basadas en el respeto y el reconocimiento de la diversidad, la accesibilidad universal en los centros y en los entornos de aprendizaje, el desarrollo de un currículo inclusivo y de metodologías que aseguren la participación y el progreso de todo el alumnado, la dotación de recursos personales suficientes y una organización profesional colaborativa al servicio de la inclusión.

REFORZAR LAS PLANTILLAS DOCENTES Y LOS RECURSOS DE APOYO

El plan considera fundamental reforzar las plantillas docentes y los recursos de asesoramiento y apoyo, así como la estabilidad y el reconocimiento profesional de todo el personal para consolidar equipos de trabajo estables y garantizar la continuidad y sostenibilidad de los proyectos educativos inclusivos.

Entre otras metas a cumplir se encuentran la formación inicial y permanente en educación inclusiva como eje del desarrollo profesional y el refuerzo de la colaboración interinstitucional para asegurar coherencia y sostenibilidad en las políticas inclusivas.

El afianzamiento de la función de los centros de educación especial como centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios, el fortalecimiento de la corresponsabilidad con familias y comunidad como parte estructural de la inclusión y la integración de la innovación educativa y las tecnologías de inteligencia artificial, son otras de las medidas recogidas en el plan.

Este plan constituye «un instrumento de orientación estratégica, de carácter no normativo, flexible y progresivo, que no altera el marco competencial vigente y se enmarca en el ejercicio de las funciones estatales de ordenación, coordinación y cooperación en materia de educación no universitaria».

Contará, además, con un sistema de seguimiento y evaluación periódica que permitirá analizar los avances realizados e identificar los ámbitos en los que sea necesario continuar trabajando.

El Ministerio ha destacado que el documento ha sido «analizado y validado» por la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva, que, además, ha realizado aportaciones para enriquecerlo y para llevar a cabo una estrategia de plan operativo.

También ha señalado que recoge el consenso del Consejo de Europa sobre educación inclusiva y cumple con lo que establecen la Convención sobre los Derechos del Niño, la Agenda 2030, las orientaciones de la UNESCO, de la Unión Europea y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

«Una escuela inclusiva no beneficia solo a quienes necesitan más apoyos, sino que favorece a todas y a todos, mejora la convivencia, fortalece la igualdad de oportunidades y construye una sociedad más cohesionada. La educación inclusiva es un derecho», concluye el Ministerio que dirige Milagros Tolón.