PP C-LM sostiene que la ampliación del Plan del Alto Guadiana no existe: «No hay ni un solo documento que lo acredite»

TOLEDO 3 Nov. –

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de mentir a los agricultores del Alto Guadiana. La Junta ha presentado como resuelta la ampliación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) hasta 2030 y la flexibilización de la Directiva Marco del Agua. Según Lucas-Torres, no hay nada resuelto: «Lo único que ha hecho la Junta es pedirlo en unas alegaciones. No hay ni un solo documento que lo acredite».

Lucas-Torres explica que la Consejería solo ha incluido esta petición en sus alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. En ese documento, la Junta solicita que el futuro Plan Hidrológico 2028-2033 modifique el horizonte temporal del PEAG.

«Pedir algo no es conseguirlo. Cualquier ciudadano, cualquier ayuntamiento o cualquier comunidad de regantes puede presentar alegaciones. Eso no da derecho a anunciar que el problema está solucionado», ha afirmado.

Según informa el partido, la propia información difundida por la Junta habla en futuro y en condicional. La ampliación quedaría ligada a un nuevo Marco de Actuación para Las Tablas de Daimiel y el Alto Guadiana, que la Junta «trabaja» para aprobar antes de que termine 2028. La llamada bolsa de derechos de agua es solo un planteamiento que no recoge ninguna norma.

«Es un calendario de deseos, no un acuerdo. Están anunciando que se planificarán derechos en 2028 con un modelo que no existe».

Además, el PP subraya la contradicción del propio PSOE. Hace apenas unas semanas, el Grupo Socialista pidió en las Cortes instar al Gobierno de España a mantener la vigencia del PEAG más allá del 31 de diciembre de 2027. «Si estuviera solucionado, no lo estarían pidiendo. Ellos mismos saben que no hay nada firmado».

LA JUNTA NO DECIDE: «QUE ENSEÑEN EL DOCUMENTO DE EUROPA»

El diputado ‘popular’ recuerda que la Junta de Comunidades no tiene la competencia para decidir sobre esta cuestión. El Real Decreto 13/2008, que aprobó el PEAG, establece que su prórroga debe aprobarse por real decreto del Gobierno de España, previo acuerdo con la Junta. A día de hoy no se ha aprobado ningún real decreto.

A eso se suma la Directiva Marco del Agua. La flexibilización de sus plazos y objetivos depende de la planificación hidrológica de la Confederación y, en última instancia, de que lo acepte la Unión Europea. «La Junta pide a la Confederación, la Confederación tendría que asumirlo y después tendría que plantearse ante Europa. Ninguno de esos pasos se ha dado», ha señalado Lucas-Torres.

Por ello, el PP exige al Gobierno regional que exhiba el documento que respalda su anuncio. «Si está solucionado, que enseñen el documento de la Unión Europea o la publicación del Ministerio que lo diga. Si no lo enseñan, es porque no existe».

El diputado duda incluso de que la Confederación, y por tanto el Ministerio, estén al corriente de lo que la Junta ha anunciado. Recuerda que el borrador de la Confederación para el nuevo ciclo apunta en sentido contrario: los regantes han denunciado que prevé la extinción de derechos y el fin de la vigencia del PEAG.

UNA CONFUSIÓN QUE PUEDE COSTAR CARA A LOS AGRICULTORES

Lucas-Torres advierte de que el anuncio ya está teniendo consecuencias. Las comunidades de usuarios no han dejado de recibir llamadas de agricultores con dudas sobre si deben seguir pidiendo la renovación de sus aprovechamientos. «Están provocando una auténtica revolución en el campo con una noticia que no tiene ningún respaldo».

El riesgo, explica, es muy concreto. Si un agricultor deja de solicitar la novación de su pozo de hasta 7.000 metros cúbicos porque cree que el problema está resuelto, puede quedarse sin defensa. Cuando necesite pedir una resolución judicial o recurrir ante los tribunales contra la Confederación o cualquier otra administración, no podrá hacerlo por no haber hecho ese trámite a tiempo.

«Esto es una negligencia y un despropósito. Con algo tan sensible como los derechos de agua de miles de familias no se puede jugar a la propaganda. No se pueden crear falsas expectativas sin un decreto, sin una resolución y sin ningún documento», ha lamentado el diputado.