Publicado 18 Mar 2024 20:20 | Actualizado 18 Mar 2024 20:31
Se firmarán también convenios con diez comunidades para la construcción de 3.233 viviendas de alquiler social
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que este martes se llevará a Consejo de Ministros para su aprobación la línea de 430 millones de euros que se acordó el pasado mes de enero con las comunidades autónomas para la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos, así como para la construcción de vivienda asequible.
Así lo ha trasladado la titular de Vivienda durante su comparecencia en el Senado este lunes para explicar las principales líneas que se están desarrollando en su departamento.
Esta cantidad se suma a los casi 3.500 millones de euros que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), lo que supone un total de 4.000 millones para la rehabilitación y construcción de vivienda asequible.
Esta cifra está al margen de los 600 millones destinados a la rehabilitación de edificios públicos en convenio con los ayuntamientos, ha explicado Rodríguez.
De igual manera, la titular de Vivienda ha adelantado que mañana se firmarán convenios con diez comunidades para la construcción de 3.233 viviendas de alquiler social, que se suman a las 22.242 actuales, lo que supone una cifra en torno a las 25.000 viviendas en diferentes fases: conveniadas, en construcción o ya entregadas, con una inversión cercana a los 1.000 millones de euros.
Estas viviendas forman parte de las 20.000 a las que el Gobierno se comprometió dentro del Plan de Recuperación, y a su vez están dentro de las 184.000 viviendas a precios asequibles que prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que Rodríguez ha recalcado que se ha «superado» el objetivo marcado de 20.000 viviendas.
Durante su comparecencia, Rodríguez ha pedido a las comunidades autónomas aumentar sus esfuerzos económicos, con recursos propios, e incrementar «por ocho» el presupuesto destinado a vivienda, al igual que lo ha hecho el Gobierno en esta legislatura.
«¿Por ocho? Sí, por ocho. ¿Y si fuéramos capaces de hacerlo por diez? Por diez, porque para eso las comunidades autónomas también tienen una competencia en el ámbito de la fiscalidad que se puede utilizar para beneficiar a aquellos que más tienen o se puede utilizar para hacer políticas públicas de vivienda si recaudamos bien, que es también de lo que se trata», ha recalcado.
En esta misma línea, ha pedido a las comunidades un esfuerzo con los objetivos que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) para llegar al año 2030 con una rehabilitación que superará el millón de viviendas. «El ritmo sigue siendo inferior al de países de nuestro entorno», ha reconocido.
En relación al índice de referencia para precios de alquiler en zonas tensionadas, que está en vigor tras su publicación el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha vuelto a pedir «responsabilidad» a las administraciones y a los ayuntamientos que soliciten a sus comunidades autónomas que declaren zona tensionada en sus municipios.
Así, ha recordando que el índice contempla beneficios fiscales para los propietarios, que podrán acogerse a una serie de deducciones en la declaración de la renta de hasta el 90% si rebajan un 5% el precio del alquiler con respecto al contrato anterior.
«Eso quiere decir que si el propietario baja el precio del alquiler en una zona tensionada puede obtener más rendimientos netos que si no lo hace», ha recalcado.
En relación a la modificación de la Ley de suelo para mejorar el desarrollo urbanístico que se llevará a Consejo de Ministros en marzo, tal y como aseguró la ministra de Vivienda durante un almuerzo informativo en el Club Siglo XXI, ha avanzado que el texto que se llevará será el que se presentó y decayó en la pasada legislatura.
«Lo que haremos será volverlo a llevar», ha indicado durante su comparecencia en el Senado, donde ha recordado que este texto ya se había llevado en una primera vuelta al Consejo de Ministros, pero que la tramitación decayó.
En relación a la modificación de esta ley, Rodríguez ha afirmado que se trata de evitar lo que venía ocurriendo con los planes de ordenación, que era la paralización completa ante un defecto menor y, por tanto, «conjugar y evitar esa paralización de años de trabajo de planeamiento» para que, después, por defectos «menores y subsanables», queden completamente anulados.
La titular de Vivienda ha insistido en su propuesta de crear una ‘Alianza de país’, «que considera posible y necesaria para dar respuesta al problema del acceso a la vivienda», con el objetivo de que «nadie en este país tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos a la vivienda».
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