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Publicado 1 Oct 2025 14:57
MADRID/TOLEDO 1 Oct. –
El informe sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que ha hecho público este miércoles el Ministerio de Sanidad refleja que el 99,05 por ciento de los que se realizaron en 2024 en Castilla-La Mancha fueron en clínicas privadas, mientras que el resto (0,05%) fueron en centros públicos.
La tasa de abortos en la región se situó en 9,83 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Son dos los centros privados que practican abortos en Castilla-La Mancha.
Este organismo ha informado de que el año pasado se realizaron 106.172 abortos voluntarios en España, lo que supone un aumento ligero del 2,98 por ciento con respecto a la cifra de 2023 y refleja una tendencia ascendente desde 2020.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años se situó en un 12,36, manteniéndose prácticamente estable frente al 12,22 registrado en el ejercicio anterior.
El informe recoge que el número de centros que han notificado IVE asciende a 248, frente a los 230 del año anterior. El 78,7 por ciento de los abortos siguen realizándose en centros privados, frente a solo un 21,3 por ciento en la red pública. En concreto, los centros públicos realizaron el año pasado 30.900 interrupciones, lo que supone 2.363 más que en el año 2023, mientras que en los centros privados el total fue de 83.609 interrupciones, 563 menos que en 2023.
García ha destacado que estos datos demuestran que la sanidad pública «está ganando peso en la garantía de este derecho», pero ha advertido de que este ligero aumento «sigue siendo insuficiente». «Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente», ha aseverado.
«Desgraciadamente, sabemos que hoy muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte. El Ministerio va a seguir siendo contundente a la hora de exigir a las comunidades planes claros para darle la vuelta a esta situación», ha advertido la ministra, que ha apuntado, como ejemplo, al caso de la Comunidad de Madrid, donde ha detallado que en los últimos 10 años se han practicado más de 162.000 IVE y apenas 177 han sido en hospitales públicos.
«Esto es absolutamente inaceptable. Además, contraviene la ley del año 2023 e indica que queda mucho camino por recorrer», ha insistido para reiterar que Sanidad trabaja para que «todas las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública, sin obstáculos y sin desigualdades territoriales», dado que es el público es el sistema que garantiza «mayor equidad» y «mayor calidad».
A este respecto, el informe detalla que en la mayoría de comunidades los centros privados predominan en la realización de estas prácticas, con porcentajes que se acercan al cien por cien en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid o Murcia, y que llegan a alcanzarlo en Extremadura, Ceuta y Melilla. En contraposición, en comunidades como Baleares (61,30% en la red pública), Cantabria (88,49%), Cataluña (55,67%), Galicia (77,02%), Navarra (74,82%) y La Rioja (76,11%) los abortos se practicaron más en centros públicos.
El informe apunta un aumento de la tasa de abortos voluntarios en todos los grupos de edad, salvo en los de 20 a 24 años y de 25 a 29 años. El mayor incremento de la tasa de incidencia por cada 1.000 mujeres se observa en el grupo de 35 a 39 años (+0,23 por mil), seguido del de 30 a 34 años (+0,16 por mil).
Destaca el aumento en número de interrupciones entre mujeres menores de 20 años, un grupo en el que hubo 11.699 abortos en 2024, en comparación a las 10.934 de 2023, un incremento del siete por ciento. Además, su peso relativo sobre el total de IVE aumentó del 9,14 al 11,01 por ciento.
En total, por grupos de edad, el 10,68 por ciento de las IVE correspondieron al grupo de 15 a 19 años, el 23,27 por ciento al de 20 a 24 años, el 21,84 por ciento al de 25 a 29, el 19,83 por ciento al de 30 a 34, el 15,99 por ciento al de 35 a 39, y el 7,34 por ciento al grupo de 40 a 44 años.
Por comunidad autónoma, Cataluña registró la mayor tasa de IVE (14,89), seguida de Baleares (13,87), que ha adelantado en esta ocasión a la Comunidad de Madrid, que ocupa el tercer lugar con una tasa de 13,56.
La mayoría de los abortos fueron por decisión voluntaria de la mujer (94,62%), mientras que el 2,65 por ciento se realizaron por grave riesgo para la vida o salud de la gestante, el 2,44 por ciento por riesgo de graves anomalías fetales, y el 0,28 por ciento por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave.
En cuanto al momento de la gestación, el informe detalla que el 76,58 por ciento de los abortos se realizaron antes de las ocho semanas. «Lo que muestra que las mujeres están accediendo de forma temprana al sistema sanitario», ha remarcado García. Entre la novena y la decimocuarta semana se situaron el 19,14 por ciento de los casos; entre las semanas 15 y 22, el 4,11 por ciento; y a partir de la semana 23, el 0,15 por ciento.
Además, dos de cada tres mujeres que interrumpieron su embarazo lo hicieron por primera vez, esto es, un 67,6 por ciento, lo que indica una pequeña subida frente al 2023, cuando este dato se situó en el 66,99 por ciento.
Respecto al estilo de vida, el 28,9 por ciento de las mujeres convivía en pareja y el 7,71 por ciento vivía sola, con o sin hijos. El 57,98 por ciento eran trabajadoras por cuenta ajena y otro 17,09 por ciento eran estudiantes. El 36,26 por ciento había completado estudios de Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes, lo que supone una ligera subida respecto a años anteriores. Al margen, el 64,54 por ciento tenía nacionalidad española.
En cuanto al método empleado, el farmacológico, es decir, una opción menos invasiva que consiste en la administración de fármacos autorizados, tuvo un mayor peso en la red pública, donde se realizaron 21.320 actuaciones, frente a las 12.772 en los centros privados. En total, el 31 por ciento de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo eligieron este método.
Así, el método quirúrgico sigue siendo el más utilizado, sobre todo en los centros privados y especialmente en los centros extrahospitalarios, que concentraron más de 63.000 actuaciones en 2024.
El documento indica que una de cada dos interrupciones voluntarias del embarazo se produce tras una relación sin anticonceptivos, en concreto, el 49 por ciento de las mujeres, lo que supone más de 52.000 abortos voluntarios.
«Esto nos alerta de que no basta con garantizar el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, sino que además debemos intensificar la salud sexual en todos los ámbitos. Tenemos que fortalecer la educación sexual, mejorar el acceso a los anticonceptivos y eliminar todas las barreras económicas y territoriales», ha señalado Mónica García.
De este modo, la ministra ha hecho énfasis en la prevención y ha recordado que el Ministerio está trabajando para ofrecer preservativos gratuitos a los jóvenes de 16 a 22 años a través de las farmacias.
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