Cobrar una tasa a los ‘free tours’, entre las nueve alegaciones del PSOE a la ordenanza turística de Toledo

TOLEDO 9 Jul. –

El Grupo Socialista ha registrado nueve alegaciones –fruto del trabajo conjunto con asociaciones vecinales y del sector– al borrador de Ordenanza Municipal para la Regulación de la Actividad Turística y la Convivencia Ciudadana. Entre otras cuestiones, sugiere articular una tasa por ocupación de vía pública para los ‘free tours’, con autorización previa, con el objetivo, entre otras cosas, de controlar la captación de clientes.

«Esto permitiría controlar la recepción de clientes, permitiendo a las personas individuales que llegan a la ciudad, unirse a las visitas guiadas si hay disponibilidad y utilizando siempre una plataforma de registro para dichas visitas, y al mismo tiempo evitar la captación de clientes en la vía pública», ha indicado la concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Alicia Escalante, que ha dado cuenta de las enmiendas.

En cuanto a «la polémica de los paraguas» u otros elementos para identificarse, ha apuntado que su grupo está a favor de utilizar algún distintivo que permita al visitante identificar a su guía, pero nunca que se utilice como reclamo para captar clientela.

De igual modo, según informa el partido, abogan por crear un decálogo oficial de buenas prácticas para guías y empresas turísticas, con principios éticos y de profesionalidad, y una declaración responsable para su cumplimiento.

Consideran también que la ordenanza debe sustentarse en pilares concretos como la señalética uniforme e inclusiva y campañas de concienciación para la protección y el respeto al patrimonio monumental y natural.

También ha reclamado la apertura de nuevos puntos de información turística, y solicita, como ya propuso el PSOE, la creación de uno nuevo en la zona del Granadal, juntos a las dársenas y al inicio de las escaleras mecánicas del Miradero.

«No se entiende que una ciudad Patrimonio de la Humanidad tenga solo una oficina de turismo abierta», ha lamentado.

Para mejorar la gestión turística, los socialistas han propuesto aprovechar la tasa a autobuses turísticos para regular de forma más eficiente la llegada de visitantes, estableciendo horarios según su estancia y fomentando la visita en horario de tarde con una tasa reducida.

De este modo, pide que, a través de esa tasa, se articulen mecanismos de regulación de llegada de determinados grupos turísticos, sobre todo los que vienen a través de turoperadores o agencias de viajes, y que suelen venir por la mañana. «Evitaría el colapso que provocan en muchas ocasiones, cuando sólo están en la ciudad unas cuantas horas».

En cuanto a los grupos turísticos, apuestan por limitar su tamaño a 30 personas en toda la ciudad, «teniendo en cuenta aquellas excepciones que se puedan dar en casos puntuales y que estén en todo momento justificadas».

Esta limitación la asocian a que los sistemas de audio individualizados sean opcionales, siendo obligatorios en todo momento siempre que se supere ese número de personas, aunque estén autorizados, o que se supere el horario de las vientres horas, independientemente del número de personas que formen el grupo, y «estando de acuerdo con la prohibición de equipos de megafonía en todos los puntos de nuestra ciudad».

La concejala socialista ha concluido denunciando que esta ordenanza ha sido «hecha con amigos y para los amigos del alcalde» del sector turístico, y ha exigido que el futuro Consejo Local de Turismo sea «participativo, transparente y representativo, y no una herramienta para favorecer intereses particulares».

«Hasta ahora, la participación en el borrador deja mucho que desear –ha denunciado–. Nosotros sí hemos sido valientes y hemos dicho quién debe formar parte de ese Consejo. Queremos un órgano útil, que represente a toda la ciudad y que contribuya a un turismo sostenible, equilibrado y respetuoso con la vida de los vecinos de Toledo», ha apuntado Escalante, para finalizar exponiendo que han alegado también que la sesión ordinaria de este Consejo tenga una periodicidad mínima de tres meses y no de seis como propone el PP y Vox, y que se puedan realizar evaluaciones periódicas de la ordenanza y ajustarlas a las necesidades que se van detectando.