El alcalde de Puertollano niega acoso contra la jefa de Urbanismo y PSOE e IU apuntan a responsabilidades políticas

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha negado que ni él ni ningún miembro de su equipo de Gobierno haya incurrido en conductas que se puedan calificar como de acoso laboral contra la jefa de Urbanismo y arquitecta municipal, Inés Llerena, quien ha interpuesto una denuncia penal contra el primer edil y los concejales de urbanismo, José Antonio Barba, y de Obras, Javier Trujillo, al tiempo que ha insistido en que en el Ayuntamiento «no existe ninguna versión personal hacia nadie», sino «exigencia de rigor, eficacia y responsabilidad en el trabajo público».

Por su parte, los portavoces de los grupos municipales del PSOE y de IU, Manuel Sánchez y Jesús Manchón, han pedido al alcalde, respectivamente, que «reflexione» si debe seguir en el puesto y que «depure responsabilidades políticas al margen del proceso judicial».

En una comparecencia ante los medios, el alcalde ha leído una declaración en la que ha trasladado un mensaje de «serenidad, responsabilidad y respeto institucional», tras determinadas informaciones que aluden a la denuncia de la funcionaria y que hacen referencia a una situación «que en este momento se encuentra en el ámbito correspondiente y que, por tanto, debe seguir su curso con todas las garantías».

«Como ocurre en cualquier organización, pueden producirse discrepancias o momentos de tensión derivados de la propia gestión», ha dicho, al tiempo que ha esgrimido que las afirmaciones plasmadas en la denuncia de la funcionaria filtrada a Cadena Ser «son palabras sueltas, sacadas de contexto».

El alcalde y los concejales subrayan que mantienen la «tranquilidad y la confianza» en que todo se aclarará en el marco adecuado, señalando la importancia de actuar con «prudencia» y evitando «generar más subido del necesario, para preservar el buen funcionamiento de la administración».

Respecto a la denuncia por acoso interpuesta por la funcionaria, que en este momento se encuentra en fase de diligencias previas y por la que ha acudido a declarar este miércoles, el alcalde ha recalcado que «como ocurre en cualquier organización pueden producirse discrepancias o momentos de tensión derivados de la propia gestión». «Son situaciones que deben entenderse dentro de la normalidad del día a día administrativo y siempre se abordan con el respaldo de los informes técnicos correspondientes».

En este sentido, ha aseverado que las afirmaciones plasmadas en la denuncia de la funcionaria «son palabras sueltas, sacadas de contexto, y que no hay inquilina contra nadie».

Así, Ruiz ha subrayado que los términos que aparecen reflejados en esa información «responden a una discusión tras la frustración de no lograr el objetivo deseado». Además, ha explicado que la decisión de abrir un expediente disciplinario a esta alta funcionaria viene secundada por los informes técnicos de los que disponía el equipo de Gobierno, relacionados con las «deficiencias» en la gestión administrativa de expedientes vinculados a la instalación de los toldos de la calle Aduana, las obras de la calle Ancha, o las obras de eficiencia energética realizadas por el edificio del Ayuntamiento.

Tras insistir en que «no hay inquina contra nadie» y que no hay nada personal contra ningún funcionario o funcionaria de este Ayuntamiento, ha aseverado que su prioridad sigue siendo la misma: «trabajar por Puertollano, mejorar los servicios públicos y responder a las necesidades de los vecinos con responsabilidad y compromiso».

Ruiz lamenta que desde algunos ámbitos políticos «se opte por trasladar este asunto al terreno del enfrentamiento personal». «Entendemos que cuando no se puede cuestionar la gestión se recurre a otras vías que no contribuyen precisamente a elevar el nivel del debate público», ha remachado.

Respecto a las críticas del PSOE, que ha acusado al alcalde de iniciar contra esta funcionaria una expediente «desproporcionado y precipitado», que implicó la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses para después dictaminar que solo incurrió en una falta leve, con el único fin de «silenciar y amedrentar» a la funcionaria, el alcalde ha procedido a la lectura de las manifestaciones plasmadas por el instructor del expediente, que descarta «la eventual existencia de hostigamiento continuado, presiones o cualquier otra circunstancia que hubiera provocado la acción-reacción invocada por la funcionaria», al tiempo que consideraba como «hechos probados» la existencia de una «mala praxis».

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha manifestado su apoyo a la arquitecta municipal, «así como a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento que puedan sentirse indefensos ante la prepotencia del alcalde», y se ha planteado la continuidad del cargo del primer edil después de que haya trascendido esa denuncia.

En rueda de prensa, el portavoz socialista, Manuel Sánchez, ha afirmado que ante las informaciones aparecidas en medios que apuntan a un escenario legal «complejo», ha querido mostrar cautela. «De confirmarse dichas declaraciones y si estas son ratificadas por un juez, podríamos estar en la antesala de un caso muchísimo más grave». Por ello, ha pedido «calma, prudencia y, sobre todo, presunción de inocencia».

Desde el Grupo Municipal Socialista advierten que este tema no está zanjado. «Al no descartarse ningún escenario», Sánchez insiste en que la prioridad será defender el honor de todo trabajador o trabajadora municipal e invita al alcalde a «reflexionar si debe seguir o no en el cargo, en caso de que sean ciertas dichas declaraciones».

Además, ha denunciado así el «uso político» de los procedimientos administrativos por parte del equipo de Gobierno. Considera que la Alcaldía incoó un expediente de manera «apresurada y desproporcionada» contra la arquitecta municipal, imponiendo una medida cautelar de seis meses de suspensión de empleo y sueldo. «Esta decisión se produjo días después de que la funcionaria manifestase su malestar y presentase una reclamación por un incidente con el primer teniente de alcalde», ha recordado.

Asimismo el Grupo Socialista da por hecho, y considera especialmente grave que, mediante un decreto de alcaldía, Ruiz «modificase» el protocolo de acoso para excluir a los políticos del mismo. «Esto nos suena a que se está cubriendo las espaldas», ha sentenciado Sánchez.

De su lado, Izquierda Unida ha mostrado su «total respaldo» a la funcionaria y ha exigido «que se depuren todas las responsabilidades políticas, a margen del procedimiento judicial».

En un comunicado, expresa su «solidaridad y apoyo incondicional» a la afectada y reclama «que se depuren todas las responsabilidades políticas correspondientes al margen del proceso judicial en curso», porque considera que el comportamiento de quienes ocupan cargos públicos «debe someterse a los más rigurosos estándares éticos».

«Asimismo, exigimos transparencia absoluta en el esclarecimiento de estos hechos y que las instituciones municipales trabajen de forma efectiva para garantizar un clima laboral respetuoso, seguro y digno para todas las personas que trabajan al servicio de la ciudadanía de Puertollano», prosigue.

Por otro lado, Izquierda Unida muestra su profunda preocupación por la evolución del expediente disciplinario abierto a la funcionaria por parte de la Junta de Gobierno Local, un procedimiento que inicialmente contemplaba cinco supuestas faltas muy graves y que finalmente ha quedado reducido a un simple apercibimiento por escrito. «Resulta especialmente llamativo que este cambio sustancial se haya producido sin que se haya aportado prueba alguna que sostenga las acusaciones iniciales, lo que refuerza las dudas sobre cómo se ha gestionado todo este proceso y sobre las verdaderas motivaciones que han podido existir detrás de dicho expediente», concluye.