C-LM recibirá 24,6 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia de género

La consejera de Igualdad de la región pide que la dispersión poblacional y el riesgo de despoblación tengan un mayor peso en el reparto

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, reunidas en Conferencia Sectorial, han establecido la distribución de 350 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia de género y al fomento de la Igualdad. En concreto, a Castilla-La Mancha llegarán 24.649.295 euros.

La ministra Ana Redondo, que ha presidido esta primera Conferencia Sectorial de Igualdad de la legislatura, ha destacado la importancia de un reparto de fondos que «apuntala políticas públicas de igualdad en todo el territorio y que garantiza un mínimo de derechos a todas las mujeres en nuestro país, vivan en la Comunidad Autónoma que vivan».

La distribución se realiza tras su autorización por parte del Consejo de Ministros y cumple con los criterios de distribución establecidos por la Comisión Sectorial, máximo órgano de cogobernanza entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

Castilla-La Mancha recibirá 8,7 millones de euros, procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 1,2 millones para el desarrollo de programas y puesta en marcha de servicios de atención social a mujeres víctimas y a sus menores y 14,6 millones de euros para impulsar la corresponsabilidad dentro del Plan Corresponsables.

Por su lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a reclamar este lunes una mayor financiación para que las comunidades autónomas sigan desarrollando políticas para combatir la violencia de género

Así lo ha explicado la consejera de Igualdad, Sara Simón, antes de participar en el encuentro entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

Simón ha recordado que «en este país habíamos llegado a grandes consensos» y que «firmamos un Pacto de Estado contra la Violencia Machista», para después lamentar que «en los últimos tiempos los discursos negacionistas y las políticas negacionistas de la violencia machista se han instalado en las instituciones». Por ello, ha añadido, «es importante que hagamos una reflexión sobre si el consenso que teníamos en este país lo hemos empezado a perder y qué tenemos que hacer para que esto no suceda».

Simón ha explicado que la prórroga presupuestaria estatal lleva a que la propuesta de reparto del Ministerio de Igualdad sea la misma, aunque ha reiterado la necesidad de «incrementar esos fondos» y, sobre todo, «a estar muy vigilantes para que estos fondos no se inviertan en otras cuestiones que no sea la de acabar con la violencia hacia las mujeres».

En este sentido, ya en la reunión, la consejera de Igualdad ha pedido trabajar de cara al presupuesto del próximo año y a que se modifiquen los criterios de reparto, para que la dispersión poblacional y el riesgo de despoblación tengan un mayor peso.

En este marco, Simón ha puesto encima de la mesa la exigencia de combatir los discursos negacionistas con «medidas claras» que lleguen al conjunto de la población, pero muy especialmente a las personas más jóvenes, en un momento en el que las cifras de mujeres asesinadas y de menores también asesinados en episodios de violencia vicaria vuelven a ser «dramáticas».

Según han precisado tras la reunión, de la cuantía total, 140,2 millones de euros están destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En concreto, se destinarán a financiar programas de lucha contra la violencia de género, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus competencias en 2024.

En definitiva, Igualdad ha expuesto que se trata «de lograr la articulación de una respuesta integral, eficaz y coordinada de todas las instituciones con competencias en materia de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres; mantener y mejorar, en todo el territorio del Estado, la red de recursos, servicios y prestaciones destinados a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas de violencia contra las mujeres; promover las acciones de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres o reforzar la formación de todos los profesionales que trabajan con las víctimas, con el fin de garantizar la mejor respuesta institucional».

Por otro lado, la Conferencia Sectorial ha aprobado la distribución de 190 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas, destinados al desarrollo del Plan Corresponsables en el año 2024.

El objetivo del plan, en primer lugar, es facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años de edad mediante la puesta en marcha de servicios de cuidado personal.

Por otra parte, tiene como fin crear empleo de calidad en el sector de los cuidados de menores de hasta 16 años, acompañado del despliegue de un sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia informal y no profesional.

En tercer lugar, pretende «sensibilizar y formar» a la sociedad, especialmente a los hombres, en materia de corresponsabilidad y cuidados, «con el fin de impulsar modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias».

Finalmente, los 19,8 millones restantes se invertirán en distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales. En concreto, esta cuantía, recogida en el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, financiarán el desarrollo de cuatro programas para su desarrollo a lo largo de 2024.

Según han apuntado, 8,5 millones de euros corresponden a programas para hacer efectivo el derecho a la asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad. Otro millón se destinará a programas para la implementación de la propuesta común de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género. Otros 9,5 millones de euros tienen como finalidad financiar programas para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales. Finalmente, los 800.000 euros restantes corresponden a programas de prevención de explotación sexual a menores tuteladas.