C-LM presenta 10 alegaciones al decreto del Gobierno de centros de datos y avisa que puede complicar proyectos como Meta

TOLEDO 16 Sep. –

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha materializado su oposición al futuro real decreto sobre centros de datos promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez presentando diez alegaciones avisando que complica este borrador el camino a proyectos como Meta en Talavera de la Reina, ya que «le cambia las reglas del juego».

«Les pide unas exigencias a este y a otros proyectos. Por ejemplo, que el consumo energético que deben tener tiene que ser un 80% de energía renovable» y «ese 80% de energía renovable que consumen tienen que demostrar que está generado en el momento en el que la consumen», ha afirmado la consejera Portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa.

Al hilo de este argumento, si empresas como Meta no pueden garantizar o demostrar el consumo del 80% y que además se está produciendo en ese momento, «si no lo acreditan, corren el riesgo de perder los permisos».

Quiere la portavoz del Gobierno que este decreto sea «una norma exigente, segura y territorialmente justa».

DETALLE DE LAS ALEGACIONES

Tratan las alegaciones «el rango jurídico y la proporcionalidad de las medidas», señalando que el proyecto no se limita a desarrollar condiciones técnicas, «simplemente prevé recargos que pueden llegar al 500%, la pérdida de permisos de acceso y conexión y la caducidad de permisos ya concedidos».

Las medidas «necesitan una cobertura legal suficiente y no pueden quedar definidas íntegramente por una norma reglamentaria». «En todo caso, lo más lógico sería elevarlo a una proposición de ley o hacer una modificación de la legislación actual».

Reclama el Gobierno de Castilla-La Mancha que los recargos sean «graduales y proporcionados».

Otro de los bloques de alegaciones tiene que ver con la protección de los proyectos que ya están en marcha, para lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha pide «un régimen transitorio flexible, ajustado al grado de madurez de cada proyecto y una salvaguarda para las inversiones que acrediten una tramitación que ya esté avanzada».

Otra de las cuestiones planteadas en las alegaciones «es la aplicación realista y territorialmente justa con los criterios de eficiencia energética», algo que «no significa rebajar ni mucho menos los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha».

«Proponemos una implantación progresiva de esas exigencias también de consumo renovable, acompasada a la capacidad efectiva de las redes y del despliegue de la nueva generación. En definitiva, Castilla-La Mancha está pidiendo con estas alegaciones una norma exigente jurídicamente y territorialmente justa», ha afirmado Padilla.