Asaja abandona el Consejo de Medio Ambiente al no quitar la Junta del orden del día la modificación de la Ley de Montes

TOLEDO 14 Sep. –

Asaja Castilla-La Mancha ha decidido abandonar el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) ante la negativa de la Junta de Comunidades a retirar del orden del día de la convocatoria prevista para este lunes la propuesta de modificación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha.

La organización agraria había solicitado formalmente que la propuesta no fuese sometida de «forma precipitada» a la toma en consideración del CAMA y que se dispusiera del tiempo necesario para analizar sus consecuencias y abordar su contenido con las organizaciones profesionales agrarias de la región.

Al no haber sido atendida esta petición, el presidente de Asaja C-LM, José María Fresneda, y el vicepresidente, Juan José Laso, han optado por abandonar el órgano como muestra de rechazo a la forma en la que la Junta está llevando a cabo este proceso, informa la organización.

«El Gobierno regional vuelve a utilizar como justificación lo establecido en la Ley de Montes estatal, una norma que ya fue modificada en 2022. No existe, por tanto, ninguna modificación reciente de la normativa nacional que justifique o exija este cambio en la legislación de Castilla-La Mancha. El argumento no se sostiene y parece más orientado a lanzar un titular a la opinión pública que a responder a una verdadera exigencia legal» ha señalado Fresneda.

Además, denuncia la organización, la propuesta de Castilla- La Mancha va más allá de lo establecido en la normativa nacional. «Se pretende, por primera vez en España, introducir por ley una prohibición expresa y automática de las labores agrícolas, incluida la cosecha, cuando el IPP sea naranja o rojo».

La Ley Nacional de Montes fue modificada en 2022 y, a raíz de esa modificación, las comunidades autónomas debían desarrollar planes regionales de prevención en los que determinar las limitaciones y los usos y actividades permitidos en las zonas con IPP naranja y rojo. Es precisamente a través de estos planes donde las comunidades autónomas pueden establecer las medidas aplicables a las campañas agrícolas. Además, según Asaja C-LM, lo que propone el Gobierno regional no sólo es modificar la Ley de Montes de Castilla-La Mancha tomando como referencia la redacción de la normativa estatal, sino también «endurecerla y eliminar la posibilidad de que los Planes de Prevención de Castilla-La Mancha establezcan un marco específico y diferenciado para las labores agrícolas o para las campañas de cosecha, atendiendo a sus características y necesidades».

Esta decisión supone, por tanto, un cambio sustancial respecto al modelo previsto por la normativa estatal. «Castilla-La Mancha optaría por convertir en una prohibición legal lo que la legislación estatal plantea como una cuestión a desarrollar y regular mediante los instrumentos de prevención autonómicos», alertan desde Asaja.

La organización advierte de que una medida de este alcance puede tener «consecuencias extraordinariamente graves» para las explotaciones agrícolas, especialmente para aquellas dedicadas a cereales y otros cultivos herbáceos, que necesitan realizar la cosecha dentro de unas ventanas temporales muy concretas.

«El agricultor sigue estando en el punto de mira de la Consejería de Desarrollo Sostenible. No podemos participar en un órgano en el que se pretende avanzar en una modificación de estas características sin haber escuchado previamente al sector y sin haber estudiado suficientemente sus consecuencias», ha señalado Fresneda.

Asaja, que dice compartir la necesidad de adoptar medidas eficaces para prevenir los incendios forestales, defiende que cualquier regulación debe ser proporcionada, técnicamente justificada y compatible con el normal desarrollo de la actividad agraria.

Para la organización, lo ocurrido con la convocatoria del CAMA «evidencia una falta de diálogo por parte del Gobierno regional y una forma de proceder que considera inaceptable cuando están en juego decisiones con un impacto directo sobre la actividad y la viabilidad de miles de explotaciones».

De ahí que haya reclamado a la Junta abrir unn proceso de diálogo real con el sector agrario antes de avanzar en su tramitación.