WWF sitúa en el acuífero de la Mancha Occidental el «epicentro» del robo de agua en España

Se regarían «más de 80.000 ha de superficie de cultivo con agua extraída con claros indicios de ilegalidad» en estas seis zonas

WWF ha denunciado este jueves el robo de agua en seis acuíferos «con un grave problema de sobrexplotación y que afectan a valiosos espacios naturales»: el Alto Guadiana, Almonte-Marismas, Los Arenales, Baza, Campo de Cartagena y la zona Sureste (Albacete, Alicante, Almería). Estas son algunas de las conclusiones de ‘Aquí se roba agua’, la investigación que la ONG ha publicado hoy.

A lo largo del texto, los ecologistas han criticado que entre las seis zonas estudiadas se regarían «más de 80.000 hectáreas (ha) de superficie de cultivo con agua extraída con claros indicios de ilegalidad». Por ello, han demandado a las administraciones públicas «medidas contundentes para poner fin al robo» y ha pedido una gestión «sostenible y justa» del agua.

Según han explicado, todas las zonas tienen en común el hecho de haber asistido en los últimos años a una transformación de unos cultivos tradicionales de secano a una agricultura industrializada de regadío superintensivo «promovida con ayudas públicas». A juicio de WWF, esto ha conllevado un aumento de la superficie en regadío y un mayor uso de los recursos hídricos, así como un «efecto llamada» para los recursos extraídos con claros indicios de ilegalidad.

Para la ONG, el «epicentro» del robo de agua en España está en el acuífero de la Mancha Occidental, con cuyas aguas subterráneas se estarían regando «más de 39.000 ha de superficie de cultivo». Si bien el volumen de agua extraída con indicios de ilegalidad se situaría en torno a 69 hectómetros cúbicos (hm3), la investigación apunta a que el problema de la sobreexplotación de agua es todavía mayor: se estaría extrayendo un 86% más del volumen de agua permitido por el Plan Hidrológico del Guadiana.

La organización achaca esta situación a que la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana se enfrenta a derechos de uso de agua, previamente concedidos, que extraen «muy por encima» de la capacidad del acuífero según el Plan hidrológico de la Demarcación. Además, también apunta a la «falta» de capacidades para controlar y sancionar el uso del agua subterránea y a las «malas prácticas» heredadas de la legislación de aguas anterior. Es decir, que se incumple el límite establecido en el Régimen Anual de Extracciones.

13,34 HM3 EXTRAÍDOS EN ALMONTE-MARISMAS

Por otro lado, WWF ha hecho referencia a la situación en el acuífero de Almonte-Marismas y ha indicado que en torno al 20% de la superficie total que se riega con recursos de las masas de agua subterráneas del mismo «presenta indicios claros» de estar en situación de ilegalidad. En concreto, la ONG ha calculado que se estaría extrayendo de manera irregular 13,34 hm3. De este volumen, los cultivos de frutos rojos y fresas –ubicados en su mayoría en la Rocina– son los que más agua ilegal consumen, aunque no sean los que tengan mayor superficie.

«El análisis concluye que se han dado progresos importantes en el entorno de Doñana en relación con el seguimiento y el control del uso del agua destinado al riego de cultivos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, especialmente para el caso de los cultivos de frutos rojos. Sin embargo, también corrobora las sospechas de que el problema del uso ilegal del agua persiste y se está ampliando en la zona de estudio», ha destacado.

16.481 HA REGADAS POR EL ACUÍFERO DE LOS ARENALES

De acuerdo con la investigación, la superficie regada con agua extraída con claros indicios de ilegalidad del acuífero de los Arenales se habría reducido desde las 17.000 ha en 2019 hasta las 16.481 ha en 2023. Esta caída se localizaría principalmente en las zonas donde hay un compromiso de colaboración de la Confederación Hidrográfica del Duero con las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas establecidas (CUAS).

WWF ha tachado este acuífero como «otro de los puntos calientes del robo de agua» en España y ha indicado que durante las últimas dos décadas esta comarca ha sido el escenario de una completa transformación de cultivos de secano a otros altamente demandantes en agua como patatas, maíz, cultivos hortícolas, o remolacha. Como consecuencia de ello, la ONG ha apuntado a que se ha producido un «preocupante y continuo» descenso del acuífero.

De forma paralela, ha denunciado que se ha producido un «grave problema» de contaminación por fertilizantes de origen agrario, hasta el punto de que en algunos casos no era apta para el consumo humano. «De hecho, las tres masas de agua de este acuífero fueron declaradas en mal estado cuantitativo y en riesgo de no cumplir con los objetivos de buen estado que se exigen en el plan hidrológico de la demarcación del Duero», ha denunciado la ONG.

RECUPERACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN TORNO AL MAR MENOR

Por otro lado, el estudio ha explicado que el volumen de extracción de agua subterránea con claros indicios de ilegalidad habría caído un 65% en el entorno del Mar Menor. Asimismo, la superficie regada con este agua se habría reducido desde las 11.000 ha en 2019 hasta las 3.271 ha en 2024. Los ecologistas han explicado esto recordando que el Mar Menor ha sufrido tres episodios de eutrofización en los últimos años.

Como respuesta, se adoptó en 2020 la ley del Mar Menor. Además, la Confederación Hidrográfica del Segura declaró las masas de agua subterránea de Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM).

Esta tendencia positiva se contrapone a lo que sucede en el eje sureste de la demarcación hidrográfica del Segura, analizada por WWF y ANSE. Allí, el acuífero de Albacete concentra 11.500 ha de cultivos regados con agua extraída con claros indicios de ilegalidad, casi el 75% de las 15.230 ha registradas en toda la demarcación.

BAZA, UNO DE LOS «PUNTOS NEGROS MÁS DESCONOCIDOS»

Por último, la ONG ha denunciado la situación en Baza, que describe como «uno de los ‘puntos negros’ (de robo de agua en España) más desconocidos y preocupantes». En concreto, el estudio indica que más de 4.000 ha de superficie de esta comarca agraria se regarían con agua extraída con indicios claros de ilegalidad, lo que supondría casi un 62 % del total de superficie regada. Además, el volumen de agua ilegal asociado se estima en 8,34 hm3.

El análisis ha destacado que la metodología establecida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) subestima el índice de explotación real de las masas de agua, en particular, la de la Sierra de las Estancias con un índice de explotación del acuífero del 208%. En caso de confirmarse la estimación, la ONG ha hecho hincapié en que este dato supondría una «gravísima e insostenible» situación de sobreexplotación en esta masa de agua subterránea que afecta al abastecimiento a poblaciones.

Por todo esto, WWF reclama una acción «urgente y coordinada» a las administraciones a todos los niveles para «acabar con el robo del agua. Para ello, incide en que es imprescindible reforzar los medios de los organismos de cuenca con el fin de clausurar las captaciones de regadíos ilegales y mejorar la vigilancia con contadores y teledetección. Además, considera que deben cruzarse estos datos con el catastro y las ayudas agrarias.

«Quien utilice agua ilegalmente no puede recibir fondos públicos. La planificación del agua y de la agricultura debe adaptarse a los recursos que realmente tenemos. No podemos seguir concediendo derechos que agraven la sobreexplotación: necesitamos impulsar una transición justa hacia modelos productivos menos dependientes del regadío intensivo», ha recalcado la responsable del programa de agua de la ONG, Teresa Gil.