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Publicado 15 Dec 2025 16:21
El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este lunes que el Ayuntamiento de Albacete está pagando de forma sistemática obras, servicios y suministros sin contrato en vigor, prescindiendo de los procedimientos legales de contratación y comprometiendo millones de euros de dinero público sin transparencia, sin concurrencia y sin control previo.
Así lo ha explicado la concejala María José López, quien ha comparecido en rueda de prensa para denunciar la «mala gestión» del alcalde, Manuel Serrano, y «su forma irresponsable de utilizar el dinero público».
Según ha explicado la concejala socialista, esta situación es fruto de la incapacidad del alcalde para gestionar los recursos municipales conforme a las normas establecidas. «En cualquier casa, asociación o entidad, los gastos se planifican, se priorizan y se anticipan; en este Ayuntamiento no ocurre así, a pesar de que se trata del dinero de todos y todas y no optamos a la mejor oferta calidad-precio», ha señalado.
López Ortega ha recordado que «el Servicio de Contratación avisa con la antelación suficiente del vencimiento de los contratos, pero aun así son numerosos los servicios que continúan prestándose con contratos caducados». Como ejemplo, ha citado el mantenimiento de zonas verdes o el servicio de autobuses urbanos, cuyos contratos vencieron en mayo de 2024 y que, 18 meses después, siguen sin regularizarse, «prestándose sin la debida cobertura contractual y pagando cuantiosas facturas mes a mes».
A punto de finalizar el año 2025, el Ayuntamiento ha realizado más de 250 actuaciones –entre obras, servicios y suministros sin contrato–, con un importe cercano a los 15 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 50 por ciento respecto a 2024, cuando se alcanzaron casi 10 millones de euros, y supera ampliamente los casi 8 millones registrados en 2018, el último año completo de Manuel Serrano como alcalde en la anterior etapa, ha informado el PSOE en nota de prensa.
En el ámbito administrativo, estas prácticas se conocen como convalidaciones o reconocimientos extrajudiciales de crédito. «Son fórmulas habituales, aunque no deseables, en las administraciones públicas, pero nunca en estas cuantías», ha subrayado López Ortega, recordando que entre 2020 y 2022 la media anual fue de 2 millones de euros. En 2024 la cifra se multiplicó por cinco y en 2025 por siete y medio.
La concejala socialista ha explicado que esta situación se debe, principalmente, a contratos vencidos cuyas prestaciones continúan por ser esenciales, así como a encargos directos de servicios y suministros que podrían haberse tramitado mediante contratos menores u otros procedimientos legales. Entre los servicios afectados ha mencionado zonas verdes, transporte público, limpieza, combustible, conserjería o reparaciones de vehículos e instalaciones municipales.
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