Suspendida una sesión parlamentaria por una ‘haka’ contra un proyecto de ley sobre derechos de los maoríes

Los libertarios del ACT buscan retirar parte de las garantías otorgadas a estas comunidades en el Tratado de Waitangi hace 184 años

MADRID, 14

El Parlamento de Nueva Zelanda ha tenido que suspender temporalmente la sesión en la que debatía este jueves un polémico proyecto de ley para revisar los derechos de la población maorí después de que uno de los diputados de la comunidad indígena haya roto una copia del documento y haya protagonizado la tradicional ‘haka’ en señal de protesta junto a sus compañeros de partido.

A pesar de que el proyecto ha logrado el primer visto bueno de la Cámara en una lectura inicial, el incidente ha levantado la polémica y ha provocado la expulsión de dos de los diputados del Partido Te Pati, entre ellos Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, que inició la ‘haka’.

La polémica ha estallado durante una votación preliminar sobre el proyecto –un trámite que allana el camino para su posterior aprobación– después de que este fuera presentado por David Seymour, líder del partido libertario ACT Nueva Zelanda, que forma parte del Gobierno de coalición.

La formación busca así consagrar en la legislación neozelandesa una interpretación «más estricta» del Tratado de Waitangi, documento fundacional del país. Sin embargo, esta iniciativa ha llevado a miles de personas a salir a la calle y protagonizar marchas contra la medida a pesar de que el propio Seymour ha acusado a los que se oponen de fomentar el «miedo y la división».

Para la población maorí, esta propuesta de legislación socava sus derechos como pueblo indígena neozelandés, una minoría que constituyen un 20 por ciento de los 5,3 millones de habitantes.

Las protestas contra el proyecto de ley se han reanudado este mismo jueves por noveno día consecutivo a medida que los manifestantes se trasladan desde zonas del norte del país a Wellington, la capital, según informaciones recogidas por la cadena de noticias ABC. Está previsto que la marcha llegue a la ciudad el próximo martes, cuando la multitud celebrará una manifestación masiva.

No obstante, y a pesar del aparente apoyo inicial a la legislación, está previsto que carezca de los apoyos necesarios en el seno del Parlamento para lograr su aprobación y ratificación dado que el texto únicamente ha contado en su primera lectura con el respaldo del ACT y sus socios de coalición: el Partido Nacional y la formación Nueva Zelanda Primero.

Este apoyo forma parte de un acuerdo previo alcanzado por los partidos que forman parte del Ejecutivo, pero algunas de estas formaciones podría desmarcarse de cara a una segunda votación –de un total de tres–. Estos dos últimos partidos han indicado que prevén retirar su apoyo a la legislación de cara al futuro.

EL PROYECTO DE LEY

Este histórico proyecto de ley busca redefinir el acuerdo fundacional entre el pueblo maorí y la Corona británica, un tratado que se remonta a 1840 y que regía las relaciones entre el Gobierno neozelandés y los indígenas y tribus a los que se les prometieron unos mayores derechos sobre la tierra a cambio de ceder la gobernanza a los británicos.

La interpretación dada a las cláusulas del Tratado de Waitangi, firmado hace casi dos siglos, todavía guía la legislación y las políticas del Gobierno en la actualidad, si bien la propuesta legislativa mermaría los derechos de estas poblaciones, que han ido ampliándose a lo largo de las décadas gracias a diversas sentencias judiciales.

Sin embargo, algunos políticos argumentan que esto supone un trato discriminatorio para los ciudadanos neozelandeses que no forman parte de los pueblos indígenas. Tras la firma del tratado, las diferencias entre los textos en inglés y maorí supusieron una privación de derechos a estas comunidades que duró décadas.

A mediados del siglo XX, la prevalencia de la cultura indígena había disminuido y muchas tierras tribales fueron confiscadas. A medida que surgió el movimiento de protesta indígena en la década de los 70, la Justicia dictaminó que el documento prometía a estas comunidades participación en la toma de decisión, una protección clara de sus intereses y asociación con la Corona.