Los paramilitares de Sudán y sus aliados certifican un gobierno paralelo que amenaza con partir el país en dos

Las RSF y fuerzas de Kordofán y Darfur declaran un gobierno «secular» en una ceremonia en Kenia entre protestas de las autoridades sudanesas

MADRID, 23

La organización paramilitar sudanesa de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y sus aliados, comenzando por el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte que abandera Abdelaziz al Hilu, han certificado en Nairobi (Kenia) el «gobierno paralelo» anunciado por vez primera en noviembre del año pasado en medio de un conflicto diplomático entre las autoridades kenianas y el Gobierno sudanés, que esta semana llamó a consultas a su embajador en el país, consternado por su decisión de acoger a responsables rebeldes.

Los firmantes de este gobierno paralelo — que se hacen llamar la Alianza Fundadora de Sudán — acuerdan en el texto que Sudán será un «estado secular, democrático y no centralizado» que estipula la creación de un futuro Ejército nacional pero preserva el derecho a existir de «otros grupos armados», en línea con sus críticas constantes a la presencia de extremistas religiosos, supervivientes del antiguo régimen del derrocado dictador Omar Hasán al Bashir, entre las filas del Ejército sudanés.

Además de las RSF que lidera Mohamed Hamdan Dagalo y el movimiento de Al Hilu, entre los signatarios se encuentran por ejemplo el Partido Nacional Umma, la Agrupación de Fuerzas de Liberación de Sudán, el Movimiento Justicia e Igualdad o las Fuerzas Civiles Unidas (Qemam). Casi todos estos grupos tienen su bastión en las regiones de Darfur y Kordofán, lo que ha generado en la comunidad internacional, con Naciones Unidas a la cabeza, el temor a que este gobierno alternativo desemboque en la división política de un país ya devastado por casi dos años de conflicto armado.

«Estamos profundamente preocupados por cualquier escalada adicional del conflicto sudanés y cualquier medida como ésta, que aumentaría la fragmentación del país y correría el riesgo de empeorar aún más esta crisis», declaró a mediados de esta semana el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stephane Dujarric.

La firma de este acuerdo ocurre en un momento en el que el Ejército sudanés ha efectuado destacados avances en el frente de combate, especialmente en lo que concierne al estado de la capital, Jartum, o el estado de Gezira, pero amplias zonas del país siguen bajo control de las RSF y sus aliados.

Darfur, en el oeste, es el escenario paralelo de combates intercomunitarios denunciados por ONG por registrar un abanico de atrocidades que se suman a los combates entre Ejército y paramilitares que comenzaron en abril de 2023, cuando fracasaron las negociaciones para integrar a las RSF en una fuerza militar conjunta, en lo que significó el colapso total y absoluto de un ya debilitado proceso de transición tras la caída de Al Bashir en 2019.

El último primer ministro civil, Abdalá Hamdok, fue expulsado por los militares tras declarar su hastío por la falta de avances y por la participación excesiva, argumentan, de fuerzas civiles en el proceso. No existe un balance concreto de las cifras de muertos por el conflicto, pero las estimaciones más conservadoras no bajan de los 60.000 muertos solo en el estado de Jartum, según hizo saber en noviembre el Grupo de Investigación de Sudán de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

CONFLICTO DIPLOMÁTICO

Aunque el presidente de Kenia, William Ruto, justificó su decisión de acoger estas conversaciones para reivindicar el papel de su país como mediador de paz, el Gobierno de Sudán — que básicamente es una extensión política del verdadero líder, el general Abdelfatá al Burhan — decidió llamar este jueves a consultas a su embajador tras denunciar el «vergonzoso» comportamiento del jefe del Estado keniano.

En su carta de protesta, las autoridades sudanesas expresaron su repulsa contra el mandatario por «acoger y promover una conspiración para establecer un Gobierno para la milicia genocida RSF y sus afiliados, en violación de la soberanía y seguridad nacional, y planteando una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales, así como a las relaciones de buena vecindad entre los países de la región».