Perú confirma la expulsión de la encargada de la Embajada de México en Lima

El Gobierno peruano propondrá a la OEA una modificación de la Convención de Caracas para evitar su «tergiversación»

El Gobierno de Perú ha confirmado este domingo que la encargada de negocios de la Embajada de México en Lima, Karla Ornelas, ha abandonado el país andino en medio de su disputa tras el asilo concedido por las autoridades mexicanas a la ex primera ministra peruana Bettsy Chávez, procesada por rebelión en el autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022.

«En la fecha y según lo dispuesto por el Gobierno de Perú, la encargada de negocios de México realizó su control migratorio de salida y abandonó el país», ha anunciado en un escueto mensaje en la red social X la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El anuncio llega después de que el Ejecutivo de José Jerí haya decidido romper relaciones bilaterales con México y expulsar a la representante de la legación diplomática en Lima a principios de semana, cuando trascendió el asilo concedido por México a Chávez.

En este sentido, el Ministerio de Exteriores peruano ha señalado este fin de semana que ha analizado la solicitud de salvoconducto para la exdirigente del país andino y ha determinado que «se ha producido una evolución negativa en (la) práctica internacional» de la Convención de Caracas, que rige el asilo político.

«En los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución politica. El Gobierno de Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención concebida para proteger a nacionales de los Estados miembros del Sistema Interamericano de persecuciones politicas», ha agregado la cartera diplomática, antes de anunciar que «planteará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta de modificación» del texto adoptado en 1954 «para evitar que esta tergiversación (…) continúe ocurriendo».

La ruptura de relaciones ha llegado menos de dos meses después de que la Justicia peruana impusiera sobre Chávez la obligación de contar con una autorización judicial para poder ausentarse de Lima, decretando además la realización de un control biométrico cada siete días al considerar la existencia de un riesgo de fuga de la ex jefa de Gobierno. El Tribunal Constitucional ordenó la semana anterior su liberación tras pasar varios días en huelga de hambre y al declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa.

Hasta entonces, Chávez estuvo recluida en una prisión de la provincia de Lima después de que en junio de 2023 se le impusiera prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto delito de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Castillo.